jueves, 25 de marzo de 2010

El condado de Oropesa en los siglos XVIII, XIX y XX.

Nos situamos temporalmente en el siglo XVIII pasando a ocuparnos de los últimos titulares del Condado.

La Casa de Oropesa por agotamiento en la línea de sucesión principal, como pasa en un gran número de Casas Nobles entre otras causas por la endogamia crónica que se arrastra hasta perder capacidad de dar herederos, se une al final de su recorrido genealógico con las Casas de Alba y Escalona. Se debe recordar que Alba y Oropesa tienen un origen común en la persona del I señor de Valdecorneja en el siglo XIV y que Escalona es su vecina en el ámbito territorial.

Vicente Pedro de Toledo Portugal Monroy y Ayala es el IX conde de Oropesa a la muerte de su padre en la Nochebuena del año 1707. Había casado en 1705 con Maria de la Encarnación Fernández de Córdoba Figueroa y de La Cerda hija del marqués de Priego y nieta del duque de Medinaceli el valido que dirigiera la política castellana con anterioridad al VIII Conde de Oropesa. La derrota del Archiduque Carlos obliga a los Oropesa a exiliarse en Viena, regresan en 1725 al firmarse el tratado de Viena que sella la paz entre Austria y Francia y les son devueltos sus Señoríos. El primer hijo de los IX Condes de Oropesa será un varón llamado Pedro Vicente como su tío y como él será por poco tiempo heredero del Condado. Nacido en Guadalajara el 15 de Julio de 1706 , morirá sin sucesión a los veintidos años diez días después de hacerlo su padre.

La titularidad de la Casa de Oropesa recae en su hermana. Ana Maria Antonia Nicolasa Álvarez de Toledo y Portugal, Monroy y Ayala, nacida en Barcelona unos días antes de la muerte de su abuelo; concretamente el 6 de diciembre de 1707, es la XI condesa de Oropesa. Casada en 1726; dos años antes de la muerte de su padre y su hermano, con don Andrés López-Pacheco Manrique de Lara Silva y Osorio de Moscoso XI Marques de Villena y X Duque de Escalona .

Su única hija doña María Ana López Pacheco Manrique Silva y Toledo y Portugal, XII condesa de Oropesa, reúne en su persona los títulos de la Casa de Oropesa a la temprana muerte de su madre en el año 1729; sólo contaba María Ana un año de edad, y los de la Casa de Escalona y el oficio a titulo de Honor de canciller mayor de Castilla al fallecer en 1746 su padre. Doña Mariana no tiene descendencia de ninguno de sus tres matrimonios, el primero con su tío paterno carnal don Juan Pablo Pacheco y Moscoso XI Duque de Escalona, el segundo con don Felipe Diego de Toledo y Silva segundo hijo de los XI duques del Infantado muerto en 1758 tres años de su boda y el tercero con su primo segundo como bisnietos ambos del VIII conde de Oropesa don Manuel José Pacheco Téllez-Girón y Toledo teniente general de los Reales Ejércitos e hijo de los VI duques de Uceda.

A la muerte en 1768 de doña María Ana sus títulos fueron objeto de largos y complicados pleitos que se agravaron cuando su primo hermano y sucesor el XII duque de Escalona fallece sin herederos. En esta situación es doña Bernarda de Toledo Portugal y Fernández de Córdoba, tía paterna de doña María Ana, quien recibe los títulos de la Casa de Oropesa.

Doña Bernarda había casado en 1731 con don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo XII duque de Alba siendo su hijo el XIII conde de Oropesa a la muerte de doña Bernarda, aunque no heredero del ducado de Alba pues su padre le sobrevive. Su hija doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva es la XIII duquesa de Alba así como XIV condesa de Oropesa, condesa de Deleitosa y Alcaudete, marquesa de Jarandilla, Frechilla y Villarramiel y señora de Belvis. Casa con don José Maria Álvarez de Toledo y Gonzaga, XV duque de Medina Sidonia. Este matrimonio no tiene herederos pasando la titularidad de la Casa de Alba al hijo de un primo segundo de la duquesa bisnieto de una hermana de su abuelo el XII duque de Alba.

Esta es doña Maria Teresa Álvarez de Toledo hija del XI duque de Alba y tía abuela de la XIII duquesa que casa con el III duque de Berwick. Un bisnieto de este matrimonio recibe la herencia de Alba a la muerte de la XIII duquesa y en sus sucesores se ha mantenido hasta la actual titular y XVIII duquesa de Alba doña Cayetana Fitz James Stuart y Silva. La titularidad del ducado de Medina Sidonia pasa a un hermano del XV duque.

La falta de sucesión en el matrimonio de la XIV duquesa de Oropesa convierte en XV conde de Oropesa a principios del siglo XIX a don Diego Pacheco Téllez-Girón y Velasco hijo del VII duque de Uceda sobrino político de la XII condesa de Oropesa por su tercer matrimonio con un hermano del Uceda. Esta titularidad es ya a Título de Honor al revertir las posesiones de la Casa de Oropesa a la Corona como Realengo de modo definitivo por Decreto de 4 de octubre de 1808 .

Don Diego Téllez Girón Fernández de Velasco VIII duque de Uceda, nieto en séptima generación del VIIII conde de Oropesa, reunirá en su persona además de los títulos de Oropesa y Escalona por su padre los de la Casa de Frías por su madre.

Así, al final de una larga trayectoria genealógica Frías consigue la unión con Oropesa. Don Diego era por sentencia del año 1780 el XIII duque de Frías a la muerte del anterior sin sucesión y después de los pleitos correspondientes. El XVI conde de Oropesa y XIV duque de Frías primogénito del anterior es don Bernardino Silverio Fernández de Velasco y Benavides. Su hijo natural es el XVII Oropesa y XV Frías. El XVIII conde de Oropesa y XVI duque de Frías es el segundo hijo del anterior llamado Guillermo Fernández de Velasco y Balfe al morir sin descendencia su hermano mayor y primogénito. El XIX conde de Oropesa y XVIII duque de Frías es don José Fernández de Velasco Pacheco Téllez Girón primogénito del anterior aunque no el primer descendiente que tienen antes una hija. Muere el XIX Oropesa y XVIII Frías sin descendencia en Madrid el 8 de mayo de 1986 a los 76 años.

Es solicitada la sucesión en la titularidad del condado de Oropesa y del ducado de Frías por la XIV duquesa de Uceda que hace valer sus derechos como descendiente de doña Josefa Antonio Álvarez de Toledo y Portugal, hija del VIII conde de Oropesa casada con don Gaspar Téllez Girón, V duque de Uceda. Uceda tiene éxito en su petición de sucesión en la Casa de Oropesa, pero no en la de Frías.

Desde mayo de 1994 doña Ángela María Tellez-Girón y Duque de Estrada XVI duquesa de Osuna es XX condesa de Oropesa.

La titularidad de la Casa de Escalona es solicitada por don Francisco de Borja Soto y Moreno-Santamaría a quien le es reconocida la legitimidad para la sucesión en el ducado de Frías, siendo él en la actualidad el XX duque de Escalona y marqués de Villena y el XIX duque de Frías y duque de Haro.

Títulos estos como todos los ostentados por los miembros de la nobleza española a “Título de Honor” desde que la legislación dimanada de Constitución de Cádiz fruto de las Cortes de 1808 suprime cualquier tipo de propiedad privada sobre los territorios de la nación española y disuelve el régimen señorial.

Los condes de Oropesa. Toledo.

Don Fernando Álvarez de Toledo, hijo del segundo matrimonio que el IV señor de Oropesa contrae hacia 1459 con doña Leonor de Zúñiga es el V señor de Oropesa y su I Conde desde 1477. Doña Leonor, a pesar de la postura de su padre, mantiene el apoyo a la causa Isabelina y en ello hay que buscar la concesión del Condado para su hijo que nace después de la muerte de su padre que tiene lugar en febrero de 1462. Cuando casa con el IV señor de Oropesa doña Leonor era viuda del II conde de San Esteban de Gormaz, hijo mayor del condestable don Álvaro de Luna y de su primera mujer doña Elvira Portocarrerro, tía de doña Maria que casa con el I marqués de Villena, con quien había casado en 1454 quedando viuda a los dos años y madre de una niña la III condesa de San Esteban de Gormaz que casa con el II marqués de Villena; don Diego López Pacheco. La hermana del Villena, doña María Pacheco, será la segunda esposa desde 1482 del I conde de Oropesa que había contraído primeras nupcias con una prima en cuarto grado como nieta del I marqués de Santillana de nombre doña Guiomar de Mendoza que muere al año de casada al dar a luz a su primer hijo que también fallece.

Doña Maria Pacheco Girón Portocarrero segunda esposa del I conde de Oropesa es hija del todopoderoso don Juan Pacheco, I marqués de Villena favorito de Juan II y Enrique IV, y de su segunda mujer María Portocarrero nieta de doña Juana de Mendoza por lo que es prima hermana de su suegra, así la IV señora de Oropesa y su nuera la I condesa son hijas de dos primas hermanas y por lo tanto primas segundas entre si.

En el cambiante panorama de alianzas a que da lugar la guerra civil entre la princesa doña Juana y su sobrina la princesa doña Isabel por el trono de Castilla el II marqués de Villena, hermano de doña Maria, defiende los derechos de doña Juana en tanto la Casa de Oropesa es leal, a pesar de alguna veleidad de su primer conde, a la futura reina Isabel en un marco político en el que Oropesa está ligado familiarmente con las facciones nobiliarias que muestran un más firma apoyo a doña Juana. El juego de matrimonios que rodea la genealogía del I conde de Oropesa es un fiel reflejo del cruce de alianzas y contra alianzas que mueve la política castellana del siglo XV.


Don Fernando Álvarez de Toledo y Doña Maria Pacheco son padres de doce hijos siendo su segundo hijo varón vivo Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco, nacido en 1485, el II conde de Oropesa. Siempre fiel al emperador Carlos durante la guerra de las Comunidades al igual que lo fue su cuñado el II marqués de Villena una vez olvidadas por éste sus veleidades contra la Corona. Funda a extramuros de la villa de Oropesa en el paraje conocido como el Regajal, en el camino de Torralba a La Calzada, el monasterio de San Francisco de los Observantes destinado a panteón de los condes al fallecer su esposa dando comienzo las obras al año siguiente. Hasta ahora los titulares de Oropesa habían sido enterrados en la capilla mayor de la iglesia parroquial de la Asunción.

Con el II conde, los Oropesa se vinculan de nuevo con sus parientes los Alba. Casa en Zafra con su prima segunda doña Maria de Figueroa y Manuel, Toledo y Enríquez hija de don Gómez Suárez de Figueroa, II conde de Feria del linaje Orozco, y de doña María Álvarez de Toledo hija del I duque de Alba siendo así que el III conde de Oropesa será primo hermano del III duque de Alba; “El Gran Duque de Alba”, la mano derecha del rey Felipe II, también primos en segundo grado al ser ambos miembros de la Casa de Bejar. Son padres de don Fernando Álvarez de Toledo Figueroa y Toledo, que sigue, de doña Maria de Toledo y Figueroa; conocida también como doña María Suárez de Figueroa, que casa con don Francisco de Ribera Barroso, señor de Malpica y mariscal de Castilla, de don Juan de Figueroa y de don Francisco de Toledo que será virrey del Perú

La condesa muere al dar a luz a este último hijo en julio de 1515. El conde morirá el 25 de octubre de 1542, enterrado junto con la condesa en la parroquia de Oropesa siendo trasladados al convento de San Francisco de los Observantes del Regajal en 1548 cuando su hijo y III conde da por concluidas las obras y llevando al Regajal también los restos de algunos de sus antepasados.


El III conde de Oropesa, don Fernando Álvarez de Toledo Figueroa y Toledo, casa, hacia 1535, al ser descendientes ambos no sólo de los II señores de Oropesa sino también del linaje Herrera y Zúñiga, con su prima en cuarto grado doña Beatriz de Monroy y Ayala, II condesa de Deleitosa y señora de Almaraz, Belvis y Monroy por su padre don Fernando de Monroy y Sotomayor , y por su madre doña Sancha de Ayala señora de Cebolla, Segurilla, Mejorada y Cervera de los Montes; estas tres últimas cercanas a Talavera de la Reina, que doña Sancha había recibido de su hermano de padre don Juan López de Ayala junto con los señoríos de Mejorada, Cervera y Segurilla El condado de Deleitosa con jurisdicción sobre Fresnedoso, Campillo, Robledollano, Navalquijal, Pelillas y Regadera; ya núcleos despoblados en el siglo XVIII, le fue confirmado como Mayorazgo a doña Beatriz en 1523. Doña Sancha de Ayala es bisnieta del II señor de Cebolla que recordemos era hermano del III señor de Oropesa siendo éste tatarabuelo del III conde. El matrimonio del III conde de Oropesa cierra una línea genealógica iniciada con el matrimonio del II señor de Oropesa con Elvira de Ayala y también con él aumenta la extensión territorial del Condado con la incorporación definitiva de Cebolla a los territorios de la Casa Condal.

La figura de doña Beatriz de Monroy y Ayala nos da oportunidad de retomar la boda del III señor de Oropesa con doña Juana de Herrera origen de un complicado nudo de entronques genealógicos que se continua en el de su tataranieto el III conde de Oropesa con la titular del condado de Deleitosa también descendiente en cuarta generación de don Pedro de Herrera hermano de la mujer del III señor de Oropesa. Aunque no acaban aquí las relaciones entre Pedraza y Oropesa como veremos también más adelante

Este matrimonio nos permite igualmente ocuparnos de los entronques genealógicos entre las Casa de Oropesa y Bejar a las que pertenecen tanto el conde como su esposa. La abuela paterna de doña Beatriz es doña Elvira de Zúñiga y pertenece al linaje Zúñiga como hija del I conde de Nieva primo hermano del I duque de Bejar lo que convierte a la III condesa de Oropesa en prima en cuarto grado de su marido al ser la IV señora de Oropesa, bisabuela del III conde, hija del I duque de Bejar; dicho de otro modo, la mujer del IV señor de Oropesa era prima segunda de la abuela de la III condesa de Oropesa. Recogemos igualmente como el matrimonio de una hermana de la III condesa de Oropesa llamada doña Ana de Monroy y Ayala con el V conde de la localidad alcarreña de Cifuentes abre nuevas relaciones de la Casa de Oropesa con los Ayala, no sólo con los titulares del condado de Cifuentes sino también con los del condado de Fuensalida ya que el V conde de Cifuentes y el V conde de Fuensalida son primos en cuarto grado. Los Fuensalida son descendientes de doña María de Silva casada con el I conde de Fuensalida del linaje de los López de Ayala y los Cifuentes los son de Juan de Silva, I conde de Cifuentes y hermano de Maria de Silva. Al tratar la figura del VIII conde de Oropesa volveremos sobre las relaciones entre las casas de Oropesa y Cifuentes.


Los III condes de Oropesa son padres de cuatro hijas y de dos varones. Su primogénito Francisco Bautista muere entre 1562 y 1563. Las hijas fueron doña Juliana, doña Beatriz; sobre la que no se conoce ninguna información, doña Ana de Toledo que casa con el II marqués de Velada y doña Juana Lucas Álvarez de Toledo que emparenta de nuevo a los Oropesa con los Escalona al casar con su primo en tercer grado don Francisco Pacheco, IV marqués de Villena y IV duque de Escalona. Su hijo don Juan Fernández Pacheco, V duque de Escalona, y V marqués de Villena casa con una tía del que será el primer monarca Braganza de la Corona portuguesa. Una hija del conde IV Oropesa prima hermana del V Escalona lo hace con un tío de este mismo monarca. Es así que don Juan IV “El Venturoso”, el que será primer monarca de la Casa de Braganza es primo hermano del V conde de Oropesa y del VI duque de Escalona.


El heredero del Condado será el segundo varón vivo de nombre Juan García Álvarez de Toledo Monroy y Ayala IV conde de Oropesa. La relación con la nueva familia real de Portugal, unido a la ampliación territorial del Condado por herencia o por compra; el IV Oropesa se hace con Alcolea de Tajo en 1577, explican la importancia que el Condado alcanza a finales del siglo XVII cuando el VII conde de Oropesa desempeñe el “Valimiento” del rey Carlos II. Ello mueve a la Casa de Benavente a emparentar con los Oropesa. El IV Conde, que se titula como I conde de Deleitosa una vez que este titulo se añade a la titularidad de Oropesa, casa en 1570 con doña Luisa Pimentel hija del III duque de Benavente. Doña Luisa es descendiente en quinta generación de Pedro de Herrera y por ello prima en quinto grado de su marido. Los abuelos de doña Luisa son el II conde de Benavente y doña Ana Herrera de Velasco y los padres de ésta doña Blanca de Herrera; nieta de don Pedro de Herrera, y don Bernardino de Velasco I duque de Frías, siendo razón estos parentescos de la relación genealógica entre las Casas de Oropesa y Frías.

Los IV condes de Oropesa tienen una primera hija a la que llaman Luisa como su madre y que muere con cinco años. Su segundo descendiente es también una niña esta vez llamada; puede que en honor de su abuela, Beatriz. Doña Beatriz Álvarez de Toledo y Pimentel que se titulara como I marquesa de Jarandilla.. La única heredera de los IV condes de Oropesa y madre del V Conde casa en 1596 con Don Duarte, Eduardo, de Portugal de la Casa de los duques de Braganza y tataranieto de los Reyes Católicos por lo que es primo segundo de Felipe III Don Duarte recibe de Felipe II el nombramiento de marqués de la localidad palentina de Frechilla de Campos y de la cercana Villarramiel. La razón de este matrimonio se encuentra en la política del monarca castellano de enlazar las aristocracias de España y Portugal para refrendar de este modo la anexión de Portugal. A ella responde también como ya sabemos el matrimonio de una hermana de Don Duarte llamada doña Serafina de Braganza con don Juan Fernández Pacheco, V duque de Escalona y V marqués de Villena. Ellos son los padres de don Felipe Juan Baltasar Fernández Pacheco VI duque de Escalona y VI marqués de Villena y de don Diego Roque López Pacheco VII duque de Escalona y VII marqués de Villena. Es así que el VI conde de Oropesa es primo hermano del VI y VII Escalona y todos ellos primos hermanos del primer rey Braganza de Portugal. El hermano de Don Duarte y de doña Serafina, el VII duque de Braganza casa con doña Ana de Velasco y Girón; hija del V duque de Frías casado con una hija del I duque de Osuna y ellos son los padres de don Juan IV “El Venturoso”, rey de Portugal. Nuevos parentescos que se suman a los ya conocidos y justifican las futuras pretensiones de los duques de Frías a la titularidad del condado de Oropesa.

Doña Beatriz Álvarez de Toledo y Don Duarte de Portugal tienen tres hijos aunque sólo sobrevive el primogénito. Fernando Álvarez de Toledo y Portugal V conde de Oropesa, I marqués de Jarandilla, II marqués de Frechilla y primo hermano del rey de Portugal. Nació en 1596 y apenas vivirá veinticinco años; muere el 21 de marzo de 1621. A su corta vida se suma el hecho destacable de no saber donde descansan sus restos mortales. Nieto de Juan Álvarez de Toledo Monroy y Ayala y de Luisa Pimentel casa de nuevo con una Pimentel, doña Mencia de Mendoza Zúñiga y Requesens Pimentel; llamada Maria Pimentel, que además de ser su prima en séptimo grado por su común descendencia de los Herrera es prima hermana de su suegra al ser ésta hija de doña Luisa Pimentel hermana del V duque de Benavente. Doña Mencia es hija de don Juan Alfonso Pimentel V duque de Benavente y de su segunda mujer doña Mencia Zúñiga Requesens que fue segunda esposa y viuda del III marqués de los Velez. Ésta doña Mecía es hija de don Luis de Requesens y Zúñiga y de doña Jeronima Esterlich y Gralla de la Casa de los duques de Cardona. En primeras nupcias había casado con don Pedro Fajardo Fernández de Córdoba, III marqués de los Vélez su hijo y sucesor don Luis de Fajardo y Zúñiga casa con doña Maria Pimentel y Quiñones hija del primer matrimonio del duque de Benavente con doña Catalina Vígil de Quiñones Cortés y Zúñiga VI condesa de Luna. El V duque de Benavente y doña Mecía casan a la hija y al hijo que habían tenido en sus anteriores uniones y a la hija habida de su unión con el V conde de Oropesa y al hijo, don Juan Zúñiga y Pimentel, con la V marquesa de Alcaudete casando estos matrimonios a sus hijos; así la VI marquesa de Alcaudete casa con su primo hermano el VII conde de Oropesa.


Además de una hija, doña María Engracia Álvarez de Toledo, los V condes de Oropesa son padres de dos varones don Juan Andrés, el primogénito, que muere al año de edad en junio de 1621 lo que ocurre poco después de la muerte de su padre que tuvo lugar en marzo de 1621 lo que le hace durante tres meses VI conde de Oropesa. Hereda el Condado don Eduardo Fernando Álvarez de Toledo y Portugal y Pimentel nacido el 23 de febrero de 1621 un mes antes de morir su padre muriendo y cuatro meses después de morir su hermano. Encontramos que en menos de dos años, entre 1619 y 1621, tienen lugar en la Casa de Oropesa tres muertes: en agosto de 1619 fallece el IV conde y en el año 1621 en menos de tres meses lo hacen el V conde y su primogénito y heredero el VI conde. Puede que todas estas desgracias animaran a la Condesa a trasladar su residencia a Madrid para instalarse aquí junto a su padre.


El VII conde de Oropesa fue presidente del tribunal de justicia de Valencia, virrey de Navarra, Valencia y Cerdeña y presidente de los consejos de Órdenes y de Italia durante el reinado de Felipe IV. En 1642, el Conde, cuyas arcas pasaban por dificultades económicas, y apremiado por Felipe IV al que debía 180.000 ducados, concede, a cambio de una gran suma de dinero, la independencia a Lagartera, dándole rango de Villa y dotándole de jurisdicción y justicia propias. Así mismo eximio de la jurisdicción de Oropesa a los lugares de La Calzada, Carrascalejo, Parrillas y Torralba. Vive cincuenta años. Casa hacia 1636 con su prima hermana doña Ana Mónica de Córdoba Zúñiga y Pimentel, de la casa de Benavente dama de la reina doña Isabel de Borbón, y como única heredera de sus padres VI condesa de Alcaudete de Jara señora del Estado de Montemayor y II marquesa del Villar. Los padres de Ana Mónica de Córdoba Zúñiga y Pimentel son primos segundos; su padre don Juan de Zúñiga y Pimentel, I marqués del Villar, es hijo del V duque de Benavente y de su segunda mujer doña Mecía de Zúñiga y Requesens, su madre doña Antonia Maria Fernández de Córdoba, V condesa de Alcaludete y señora del Estado de Montemayor, es hija de doña Ana Pimentel prima hermana del V duque de Benavente y de doña Luisa Pimentel casada con el V conde de Oropesa y del IV conde de Alcudete de la familia de los Fernández de Córdoba. Doña Ana Pimentel y el V duque de Benavente son primos hermanos que casan a sus hijos primos segundos. Este matrimonio amplía nuevamente el territorio dependiente de la Casa de Oropesa hacia tierras situadas más allá del Tajo; ya en la generación anterior Oropesa lleva su poder fuera de su núcleo geográfico originario con la incorporación de los marquesados palentinos de Frechilla y Villarramiel.

El VIII conde de Oropesa, don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo-Portugal y Pimentel; es hijo de los anteriores. Con él la Casa de Oropesa dirige durante algunos años la política castellana. Vive entre los años 1650 y 1707 y muere en Barcelona. Fue valido de Carlos II y de la reina doña Mariana entre 1685-1689 y 1698-1699. Ocupó los cargos de gentilhombre de su Majestad, consejero de Estado, presidente del consejo de Catilla y del Consejo de Italia. El bando nobiliario que encabezaba se oponía a don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV y vaido de Carlos II. Vio frustradas por dos veces su candidatura a virrey de Aragón propuesta por el propio consejo de Aragón. Muerto don Juan José de Austria, y tras el periodo en que el duque de Medinaceli le sustituye, alcanza la presidencia del consejo de Castilla en el año 1684. Obtiene la máxima confianza de la reina doña Ana de Habsburgo en 1685 con el puesto de valido. Se propone sanear la desastrosa Hacienda con medidas que en términos modernos llamarían un plan de estabilización con devaluación y recorte de gastos. Las banderías nobiliarias no acabaron, enfrentándosele los partidarios del cardenal Portocarreroy el duque de Arcos, que se acercan al poder con el segundo matrimonio del rey con doña Mariana de Neoburgo en 1689. Renunció a sus cargos en 1691 y se le ordenó permanecer alejado de la Corte retirándose a la Puebla de Montalban lugar de señorío de la familia de su mujer. De nuevo es llamado a la Corte en 1696, reocupando la presidencia del Consejo de Castilla, y en 1698 el máximo poder como valido. Estando claro que el rey no tendría sucesión directa, propone a don José Fernando de Baviera como candidato a sucederle, pero éste muere en febrero de 1699 y opta por el archiduque Carlos de Austria. Como valido es objeto del "Motin de los Gatos", provocado por la carestía del pan, en abril de 1699, tras el que vuelve a caer en desgracia. Es sustituido por el Cardenal Portocarrero, partidario de la sucesión francesa. Vinculado a la Corte del pretendiente austriaco, murió en 1707; durante la guerra de Sucesión, en Barcelona.

Casó en 1664 con doña Isabel María Téllez Girón nieta del III conde de la Puebla de Montalbán. El abuelo materno de Isabel fue el Condestable de Castilla y VI duque de Frías lo que refuerza lo dicho sobre los derechos sucesorios que los Frías alegarán al título de Oropesa en el siglo XIX al agotarse la línea de sucesión masculina en el Condado. A ello hay que añadir que la hija de los VIII condes de Oropesa casa con su primo hermano el V duque de Uceda hijo del IV Conde la Puebla de Montalban. Después de casi veinte años sin descendencia los condes son padres de cinco hijos en el transcurso de siete años. Su primogénito varón muere en 1689 a los cuatro años de edad y será el segundo varón, Vicente Pedro, el heredero efectivo. Su primer descendiente fue una mujer a la que llaman descendiente del I duque de EscalonaJosefa Antonia Álvarez de Toledo, IV marquesa de Jarandilla como hereda hasta el nacimiento del primer varón. Casa, como acabamos de recoger, con su primo hermano don Manuel Gaspar Téllez Girón Pacheco, V duque de Uceda

Los señores de Oropesa. Toledo.

A mediados del siglo XIV Enrique II de Trastamara dona el territorio de la fortaleza de Valdecorneja junto con el de Oropesa a García Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja y Oropesa, de Segura, Bohoyo, Jarandilla, Cabañas, La Abadía de Cabañas y Tornavacas. El señorío de Oropesa en poder de García Álvarez de Toledo abarcaba las tierras de Oropesa, Alcañizo, Caleruela, La Calzada, Herreruela, Lagartera, Navalcán, Parrillas y Torralba con sus anejos y aldeas. En el siglo XV, en 1447, el IV señor de Oropesa adquiere Torrico y en el XVI el IV conde Alcolea del Tajo.

El I señor de Valdecorneja sin descendencia legítima si tiene la tiene bastarda; dos hijos y una hija, legitimada por Enrique II en documento fechado el 8 de junio de 1369 al igual que lo está el Privilegio por el cual se le reconoce la concesión hecha tres años antes de los señoríos de Valdecorneja y Oropesa. Muere en 1370 y le sigue en la titularidad de Valdecorneja su hermano Fernando Álvarez de Toledo, mariscal de Castilla, y en la de Oropesa, Cabañas, Jarandilla y Tornavacas su hijo Fernando Álvarez de Toledo ”El Tuerto“ II señor de Oropesa englobando bajo este titulo los otros territorios bajo su Señorío.

El II señor de Oropesa, don Fernando Álvarez de Toledo, casa, parece que por deseo de su tío, con doña Elvira Álvarez de Ceballos y Ayala señora de la cercana Cebolla Doña Elvira es sobrina de doña Leonor de Ayala, de doña Aldonza de Ayala y del canciller de Castilla don Pedro López de Ayala siendo doña Leonor la esposa del II señor de Valdecorneja, tío del Oropesa, y su hermana doña Aldonza de don Pedro González de Mendoza, IX señor de la Casa de Mendoza y almirante de Castilla. Puede que la finalidad del tío de Fernando al casarle con doña Elvira era contentarle por haberle despojado del importante señorío de Valdecorneja haciéndole emparentar con la familia a la que pertenecía su propia esposa, aunque el señorío de Cebolla no se incorpora en este momento a la lista de los que son de titularidad de los Oropesa si lo hará un siglo después, pero si por este matrimonio el III señor de Oropesa será primo segundo del I marqués de Santillana y del I conde de Alba.

El II señor de Oropesa y doña Elvira López de Ayala son padres de cuatro hijos siendo su primogénito don García Álvarez de Toledo el III señor de Oropesa , heredando don Diego López de Ayala de su madre el señorío de Cebolla. Una tataranieta de don Diego, doña Beatriz de Monroy y Ayala, casará en la segunda mitad del siglo XVI con su primo en cuarto grado y III conde de Oropesa integrándose ahora Cebolla en la Casa Condal de Oropesa aportando doña Beatriz la titularidad del condado de Deleitosa en Cáceres.

El III señor de Oropesa casa con doña Juan de Herrera hija del mariscal de Castilla don García González de Herrera, señor de Herrera y Pedraza, y hermana de don Juan de Herrera que sigue a su padre en los Señoríos. En su momento veremos las consecuencias que tuvo esta alianza entre Oropesa y Pedraza. En el último gran estudio dedicado a la Casa de Oropesa debido a don Julián García Sánchez titulado “El Señorío de Oropesa”, publicado en 2007 por el Ayuntamiento de Lagartera, se recoge como la primera mujer de don García González de Herrera fue doña Estefanía de Monroy viuda y sin descendencia del I señor Valdecorneja y Oropesa como tampoco la tendrá de su boda con don García. Si se puede decir que si el matrimonio del III Oropesa con una Herrera no parece responder a un interés territorial si tiene un importante componente político al ser el padre de doña Juana uno de los dos mariscales de Castilla.

El IV señor de Oropesa don Fernando Álvarez de Toledo casa en dos ocasiones. Primero con su prima en tercer grado doña Mayor Carrillo de Toledo hija del I conde de Alba. Son padres de García que muere aún niño y de tres hijas. Casa después, siendo segundas nupcias para ambos, con doña Leonor de Zúñiga Manrique de Lara hija del I duque de Bejar don Álvaro de Zúñiga y Leiva y de su primera esposa doña Leonor Manrique de Lara de la Casa de Mendoza. Sus abuelos son doña Juana de Mendoza tía de Iñigo López de Mendoza marques de Santillana y Alonso Enríquez almirante de Castilla su segundo marido y sobrino del rey de Castilla Enrique II.
Por su primer matrimonio el IV señor de Oropesa es cuñado además de primo en tercer grado del I duque de Alba y por el segundo cuñado del II duque de Alba al estar casados ambos con dos hermanastras fruto de los dos matrimonios del I duque de Bejar. El segundo matrimonio del IV señor de Oropesa con una hija del I duque de Bejar permite a la Casa de Oropesa participar en el comercio de la lana y en los beneficios que generaba en la villa de Bejar en los años más florecientes de La Mesta siendo así que los reyes castellanos buscasen el apoyo de los Zúñiga que con los Alba eran los grandes propietarios de Salamanca, Extremadura y Ávila.

El Catastro de Ensenada. Cifras y datos.

A lo largo del siglo XVIII se pueden medir las tendencias del crecimiento demográfico a través de los censos que se fueron elaborando En 1712 la población se fija entre los 7,5 y los 8 millones de habitantes. El censo del Conde de Aranda, de 1768, la establece en 9,5 millones, el del Marqués de Floridablanca, el primer censo moderno de España en su totalidad, en 1787 en 10,5 y al finalizar el siglo, en 1797, el censo de Manuel Godoy establece una población que rebasa los 11 millones de habitantes. Se puede afirmar que desde 1708 a 1808 la población española aumenta en 4 millones de habitantes.


En 1768 el número de nobles según el censo de Aranda era de 722.000 de una población de 9,5 millones de habitantes, en 1797 desciende a 400.000 en una población de unos 11 millones, lo que supone entorno al 4% de la población.


La densidad de población da cifras de entre 16 y 17 habitantes por kilómetro cuadrado cuando la media en Europa se sitúa en los 44 habitantes por kilómetro cuadrado en Italia y en Francia de 34. Esta densidad en Castilla era poco más de la que tienen en la actualidad las provincias de Cuenca y Teruel que son las dos provincias más despobladas.


A mediados del siglo desaparece la relación que se estuvo dando en el siglo XVII que unía mala cosecha con enfermedades mortales generalizadas.


Hacía finales de siglo, cuando se realizan los censos de Floridablanca en 1787 y el de Godoy en 1797, el número de campesinos se estima en 1.860.000, según datos del censo de Floridablanca y en el de Godoy el número ha descendido a 1.671.000, que se reparte en 364.000 labradores propietarios, 507.000 arrendatarios y 800.000 jornaleros. Este descenso de la población rural se deba al aumento de las actividades mercantiles e industriales en las ciudades.


En el siglo XVIII se cuantifican en España 22.000 pueblos de los que 10.600 son de señorío secular, 2.200 de señorío eclesiástico y 9.200 de realengo. Igualmente aparecen en los datos catastrales muchos despoblados.


GANADERIA. A finales del siglo XVIII se estima que existían 214.000 mulas en las tierras de Castilla, poco para los 2.000.000 millones de labradores censados. El número de caballos podía ser de 230.000 y el asnos de 237.000.


Con relación a otros tipos de cabañas ganaderas y con datos pertenecientes a censos de 1797 se calcula que el número de ovejas, para el total del territorio español, era de 11.700.000, el de cabras de 2.500.000, el de cerdos de 1.200.000 y el de bueyes de 1.650.000 cabezas.


Las cabañas de ganado se clasificaron en la documentación catastral en ganado mayor, que incluye bovino, caballar, mular y asnal y ganado menos que abarca cerdos, ovejas y cabras. Las actividades ganaderas suponían el 15% de la renta generada en Castilla.


Se contabilizan dos millones y medio de cabezas en 1512 y hasta tres millones y medio en 1526, fechas que marcan los años de mayor desarrollo de la Mesta. El reinado de Fernando VI es uno de los últimos momentos de prosperidad de La Mesta.


En 1797 el número de labradores propietarios es de 364.514, el de arrendatarios 507.423 y el de jornaleros 805.235. Estos datos ponen de relieve la situación de la propiedad en el campo español donde la masa de jornaleros y agricultores no propietarios seguía siendo mayoritaria y suponía el 78,26% de la población agrícola.


En el reino de Castilla se concentra el 80% de la población total de la península, que tiene un crecimiento continuo a lo largo del siglo XVI. La expansión se detiene a finales del siglo XVI con las grandes pestes de los años 1598 a 1600, que causan la muerte de medio millón de personas. Después de esta catástrofe no se recuperan las pérdidas y la población no dejará de decrecer, con lo que se empieza a desarrollar una crisis que ya se adivinaba desde el año 1580.


La renta comercial se evaluó en 139 millones de reales u los beneficios industriales en 45 millones. Los ingreses totales para todos los individuos ocupados en oficios de las administraciones ascendía a 79,5 millones de reales.


Durante el siglo XVII se dieron largos ciclos de perdida de cosechas, hambre y epidemias que causaban graves alteraciones demográficas, sin olvidar que las pestes y las enfermedades actuaban sobre una población con una malnutrición crónica. Castilla perdió, a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, entre 1596 y 1602, entre 600.000 y 700.000 habitantes por uno de estos ciclos. La peste bubónica de estos años se calcula que supuso una mortandad de 500.000 personas. A estas pérdidas de población por catástrofes médicas hay que añadir la pérdida ocasionada desde 1609 por la expulsión de los moriscos.

Resultados de la estimación catastral en las tierras de Castilla.

Una vez realizadas las estimaciones catastrales en Castilla, entre los años 1749 y 1756, los datos obtenido ofrecieron los resultados que vamos a recoger a continuación para establecer una valoración de la situación de estas tierras y de sus gentes, lo mismo que ya hemos hecho con los datos del partido de rentas al que pertenecían las poblaciones que en el momento actual forman el Ayuntamiento de Campos del Paraíso y con los de la misma intendencia de Cuenca.

Los datos que proporcionó el catastro sirven de punto de partida para conocer mejor la sociedad y la economía de la España Moderna, aunque teniendo en cuenta que reflejan un momento y unas circunstancias temporales, por ello es necesario ponerlos en relación con situaciones anteriores y posteriores lo que permite ver la evolución de una coyuntura a lo largo de los años.

En Castilla se catastraron 22.000 poblaciones, de ellas 10.6000 eran señoríos seculares, 2.200 señoríos eclesiásticos y 9.200 pertenecían a la Corona.

La averiguación catastral de las tierras de Castilla para el posterior establecimiento de una “Sola y Única Contribución” estimó que las rentas derivadas de tierras, ganados y actividades personales se situaban en 2.116.154.750 reales de vellón, de ellos el 78,48% estaban generados por el estamento secular. Podemos situar la renta generada por la tierra en manos de seculares en 1.014.589.013, lo que suponía casi el 48% de toda la riqueza generada en el reino.

Los 455.364.924 reales de riqueza estimada para el estamento eclesiástico suponían el 21,51% de la riqueza que se evaluó en el reino de Castilla. La tierra en manos de eclesiásticos supuso un 13,30% de toda la riqueza que se estimó.

La tierra generaba en Castilla el 61,25% de la riqueza que se estimó para el reino, del que corresponde el 10,38% a la riqueza generada por las actividades ganaderas. La renta generada por el sector secundario y terciario suponía el 38,74 de toda la riqueza que se evaluó. Tenemos que recordar, que estas actividades sólo ocupaban a un 12% de la población de Castilla.

Para establecer la Única Contribución se formaron dos repartimientos, uno, de lo real, en el cual se valoró cada medida de tierra por su producto, con las circunstancias de su situación, límites y calidades, otro correspondiente a lo personal, mediante la consideración de las ganancias en la industria, en el comercio y las obtenidas por las actividades profesionales y la ocupación en oficios.

Una de las causas que dificultan la cuantificación de la riqueza catastrada, es que mientras la riqueza generada por el sector primario se registraba en términos brutos, la obtenida a través de alquileres, prestamos, actividad comercial e industrial, salarios, derechos de todo tipo y diezmos de la iglesia aparece en términos netos.

Los ingresos del comercio, de la industria y de salarios se catastraron en algo más de 475 millones de reales correspondiendo al clero un 2%, unos 9.858.758 reales, que estaban generados a título personal formando parte de los ingresos patrimoniales.
Este hecho sirve para corroborar la situación de un clero que tenía en la propiedad de la tierra su gran fuente de ingresos.

La renta comercial en Castilla se puede establecer en 139 millones de reales. Los salarios de los ocupados en la administración pública y en la administración de hacienda se estiman en 42,5 millones de reales.

Los ingresos netos por alquileres, rentas, derechos señoriales y diezmos se situaron en unos 306,3 millones de reales de los que el clero percibía unos 136, el 44,44%. De estos 136 millones los ingresos por pagos de los diezmos eran de unos 80 millones de reales anuales. En este sentido tenemos que decir que el pago del Diezmo absorbía el 50% del producto neto de los agricultores.

Por censos e hipotecas se estableció una cantidad de algo más de 38 millones de reales, de ellos casi 28 millones en manos del estamento eclesiástico. Los elementos del clero ejercían una importante labor en lo que se refiere al préstamo de capitales a particulares, por ello estaba en sus manos la mayor parte de las rentas generada por esta actividad. Para los seculares los ingresos por censos, unos 10.381.894 reales suponían una parte mínima de sus rentas.

Las rentas en manos del estamento eclesiástico estaban muy mal distribuidas, pues en las zonas rurales el clero secular y las comunidades religiosas vivían en situaciones precarias, en tanto que en las ciudades y villas medianas y grandes la población eclesiástica disfrutaba de importantes ingresos y medios de vida.

Al terminar el siglo XVIII los ingresos del clero obtenidos de rentas de la tierra y de las actividades agrícolas se estiman en 500 millones de reales, lo que supone un aumento de unos 45 millones con respecto a los ingresos de mediados del siglo XVIII. Esta cantidad de 500 millones de reales se puede comparar al presupuesto del estado en aquellos años.

En 1747 el número de eclesiásticos estimados es de 170.795. El Vecindario de Ensenada establece la existencia de 176.067 eclesiásticos, de ellos 66.687 elementos pertenecen al clero secular. Se estimaron 56.457 religiosos y 27.685 religiosas y 25.685 ministros subalternos En el año 1768 los elementos del clero regular y secular eran 147.805 y en 1787 143.603, lo que refuerza todo lo dicho anteriormente. A fines del siglo XVIII el total de población de eclesiásticos era de 172.231.

Con relación a los datos anteriores al hablar de la población eclesiástica nos referimos no sólo a los elementos del clero, ya sea regular o secular, como tal, sino también a individuos relacionados en su forma de vida o en sus ingresos con la Iglesia.

Por estos datos vemos que la población religiosa desciende en la segunda mitad del siglo, situación completamente contraria a lo ocurrido durante el siglo XVII en el que el número de eclesiásticos aumenta un 30% con relación al siglo XVI.

Durante el siglo XVII la iglesia y las comunidades religiosas se convirtieron en medio de vida para gran parte de la población. Muchas jóvenes de cualquier clase social encontraban en el convento lo que no podía ofrecerles la imposibilidad de un matrimonio ventajoso. Los cargos eclesiásticos fueron un medio de vida para los segundones de las grandes familias y de muchas jóvenes de la nobleza media y baja.

Este dato llama mas la atención si pensamos que la población de España ha aumentado en dos millones durante esta segunda mitad del siglo XVIII. El estamento eclesiástico supone el 1,6% de la población total de España a fines de este siglo. Pero, a pesar de este descenso en su número los eclesiásticos siguen teniendo en sus manos la cuarta parte de la riqueza generada por la tierra.

Poniendo en relación los datos anteriores con los correspondientes a los censos de 1591 podemos decir que el número de eclesiásticos suponía también a finales del siglo XVI el 1,5% de la población de Castilla, unos 74.153 individuos. Como vemos son datos coincidentes, en los porcentajes, con los de finales de siglo XVIII, aunque referidos a distintas cantidades totales de población global, por lo que se refleja el descenso, tanto en términos absolutos como relativos, de este sector de población con relación a un aumento de población total de 4 millones de habitantes desde 1700 a 1800. La causa de este gran descenso del elemento eclesiástico hay que buscarlos en la mentalidad laica del siglo que se irá haciendo más patente según pasan los años.

Partiendo de los datos del Catastro podemos estimar que los eclesiásticos eran el 3% de la población y tenían en sus manos el 10% del ganado y el 15% de las tierras productivas, que eran tierras de gran calidad en los terrenos más fértiles, obteniendo por ello la cuarta parte de la producción agrícola. La mayor parte de las propiedades eclesiásticas eran tierras de cultivo en tanto que los bosques y pastos eran tierras comunales en manos de seculares. Relacionando el número de eclesiásticos con el de seglares podemos decir que el nivel de vida de los primeros, en relación con sus ingresos, era cinco veces mas elevado.

Para continuar viendo los datos obtenidos del catastro realizado en las tierras de Castilla se recogen, a modo de balance, los bienes estimados para la población empezando por las rentas derivadas de la propiedad de la tierra obtenidas a través de las actividades agrícolas y ganaderas y que podemos considerar como rentas obtenidas por el sector primario.

Los datos se dan partiendo de la riqueza estimada al estamento eclesiástico, para que la enumeración de datos para seculares y eclesiásticos no resulte demasiado farragosa. Al final de este apartado se recogen unos resúmenes con todas las cantidades estimadas en los distintos sectores productivos para ambos estamentos así como otras tablas con distintos aspectos de las estimaciones.

El total de fanegas de tierra que se catastra es de 83.492.405 millones. De estas fanegas el 14,74 % pertenecen al estamento eclesiástico, unas 12.303.495, y suponían una riqueza de 259 654.410 millones de reales, el 24,12% de la valoración en reales de la renta producida por las fanegas de tierra del reino, que asciende a un total de algo más de 1.076.261.207 millones de reales. Las actividades derivadas de la explotación ganadera supusieron el 10% del producto bruto catastrado.

El número de cabezas de ganado se sitúa en 30.843.774, perteneciendo al estamento religioso el 8,92%, unas 2.752.842 cabezas, que suponían unos 21.934.592 reales, el 6,26 % de una valoración estimada por ingresos de actividades ganaderas en 219.856.808 millones de reales para el total de la población secular y religiosa.
Correspondían a ganado lanar trashumante, propiedad de La Mesta, unos cinco millones de cabezas. A mediados del siglo XVIII es cuando La Mesta estaba rozando sus tiempos de mayor decadencia, aunque sólo 56 propietarios poseían mas de la cuarta parte de estas cabezas.

Como curiosidad podemos decir que el número de colmenas en poder de los eclesiásticos era de 229.821 y que los seculares eran propietarios de 1.466.706, lo que suponían 1.696.527 pies de colmenas.

En lo que se refiere a las denominadas rentas pasivas, de las que ya hemos hablado anteriormente, el estamento eclesiástico tenía una importante fuente de ingresos en los intereses obtenidos de los réditos de prestamos. Los censos otorgados por comunidades les suponían unos ingresos de 26.852.134 reales y los que se habían otorgado en base al patrimonio personal de los elementos del estamento eclesiástico suponían unos ingresos de 1.065.030 reales a los prestamistas. Estos prestamos casi siempre se concedían poniendo como garantía del pago de los intereses edificaciones urbanas.

El vecindario del Catastro para pecheros estableció para las 22 provincias de la Corona de Castilla que el número de vecinos que cultivan directamente sus tierras, los pastores y criados se sitúa en 696.705, de ellos 627.421 eran pecheros, en esta cifra están incluidos también los arrendatarios y aparceros el número. El número de jornaleros era de 323.000, el 35% de la población dedicada a las tareas agrícolas .El censo de artesanos, labradores y criados contabilizados como individuos ascendió a 1.385.118. En las tierras de Castilla se presentaron 731.107 Libros de Cabezas de Casas en el vecindario de pecheros.

Se estimaron 215.917 los individuos dedicados al ejercicio de profesiones que podemos considerar asalariados no agrícolas, en definitiva, los ligados al sector secundario y terciario de la economía, un 15,58 de la población activa. Los albañiles censados fueron 50.456. Ascendían a unos 100.000 los artesanos ocupados en las distintas ramas y fases de la producción textil. No llegan a 6.500 los ocupados en oficios que podemos considerar de lujo.
El número de labradores era en el último tercio del siglo XVIII de unos 2.000.000. En el censo del año 1787 el número de campesinos era de 1.860.000 vecinos y en 1797 los labradores propietarios eran 364.000, el de arrendatarios de 507.000 y el de jornaleros de 800.000, en total, 1.671.000 vecinos que trabajaban en el sector primario. Este descenso de población es un indicador más del aumento de las actividades manufactureras y comerciales.

Los reyes impulsaron la creación de Manufacturas Reales, como fueron las Reales Fábricas de tapices, las de cerámica de La Granja, Retiro y Sargadelos, las de fabricación de armas y material de guerra, las de paños y tejidos, en Guadalajara, Ávila, Segovia y Béjar, aunque su existencia y sus logros no respondieron a la iniciativa y a lo que se esperaba de ellas. Incluso se crearon poblaciones nuevas, que podemos considerar piloto, para llevar a la práctica innovaciones en la explotación agrícola y artesanal como fue en Madrid el pueblo de Nuevo Baztán. Este fracaso de las iniciativas innovadoras se aprecia en el pueblo de Nuevo Baztán del que en 1777 sólo quedaban tres telares y un fabricante de paños. Juan de Goyeneche, señor de Saceda, su impulsor, es uno de los hombres clave en estas experiencias de modernización de muy distintas actividades manufactureras en distintas provincias del reino desde 1710, ocupando a trabajadores con sus mujeres y sus hijos traídos de Francia, del norte de España y recogiendo a los que podían ser útiles venidos de cualquier parte del reino.

Los políticos reformistas tuvieron entre sus mayores preocupaciones mejorar e impulsar este sector económico y para ello lucharon rompiendo mentalidades sociales en contra del trabajo manual. Debido a ello, en el censo de 1797 el número de individuos ocupados en actividades manufactureras se sitúa en 459.493 individuos, lo que supone el aumento, en unos 40 años, de algo mas del 100% de la población ocupada en estas actividades. Este gran incremento se debió a la constante preocupación de

Al tratar la situación de la actividad manufacturera en el siglo XVIII no debemos pensar en grades talleres artesanales, pues en la mayoría de los casos el obrador se reducía al maestro que trabajaba con algún aprendiz, sobre todo en las poblaciones más deprimidas de las zonas rurales. No tenía lugar una transformación de las técnicas ni de los procedimientos de producción. La preocupación por fundar industrias será una constante a lo largo del siglo y no se dudo en traer técnicos extranjeros que enseñasen a los españoles o que estos saliesen a aprender al extranjero con la protección de los monarcas.

Por lo que respecta a otros sectores de población por los que preocupo el Catastro, los vecinos pobres de solemnidad censados fueron 43.570, también se censaron 230.278 habitantes sin domicilio. Esta proliferación de habitantes sin oficio ni medios de vida conocidos daría lugar a numerosas normativas sobre vagos, ociosos, holgazanes, vagabundos y errantes “para ocuparles en algún oficio, darles cobijo o destinarles al servicio de las armas” y evitar que la obligación de la limosna y la caridad fomentase la existencia de estas minorías marginales. Estas disposiciones son parecidas a las que se dictan para controlar a pobres y mendigos y que ya tenían una larga tradición en Castilla desde el siglo XVI. Sobre todo se quería evitar que los individuos hábiles para desempeñar una ocupación vivieran de deambular por el campo y las ciudades,” sin aplicación al trabajo”, y sin producir beneficio alguno para si y para el desarrollo de la economía.

La diversidad de actividades industriales era muy escasa y ya empieza a apuntarse una futura concentración en Cataluña, en la cornisa cantábrica, en la Comunidad Valenciana, en algunas provincias andaluzas y en la comunidad de Madrid. Durante el siglo XVIII empieza a sentarse las bases de la estructura económica de España en los siglos XIX y XX.

Pero, la gran fuente de riqueza de Castilla en el siglo XVIII seguía siendo la explotación de la tierra, aunque a lo largo del siglo va cobrando importancia la participación en la generación de riqueza de los sectores secundario y terciario.

Evolución de la población de España durante los siglos XVII y XVIII. Recuentos de población. Vecindarios y censos.

La cuantificación de la población en los siglos XVI y XVII ofrece cifras a veces muy distintas en los diferentes recuentos que se hicieron en estos siglos. La cantidad puede oscilar en torno al medio millón, e incluso más, de habitantes e incluso más de unos recuentos a otros en virtud de los criterios aplicados para las estimaciones, como puede ser el coeficiente para convertir vecinos en habitantes que puede variar hasta en dos puntos. Así en algunas ocasiones los recuentos sólo se aplicaban a la población civil, excluyendo militares, y en otras solo se cuantificaban los elementos del estamento secular y no se cuantificaba a los religiosos Las ocultaciones por motivos fiscales y por miedo a las levas son algunas de las causas que influyen en la disparidad de datos que ofrecen unas cantidades de población respecto a otras y los avances y retrocesos que se aprecian en recuentos sucesivos en el tiempo. Por todo ello, establecer las cantidades relativas a los aspectos demográficos es una de las tareas que presenta mas dificultades.

Durante el siglo XVIII se hacen varios censos y recuentos de población. Entre 1712 y 1717 se hace el primer vecindario de este siglo, un recuento imperfecto, pero el primero que abarca la población española en su conjunto. Los siguientes censos serán los de Ensenada, entre 1752 y 1759, el de Aranda en 1768, el de Floridablanca en 1787 y el de Godoy en 1797.

Las densidades de población, tanto para Castilla como para el total de la Corona española, se sitúa en los siglos XVI y XVII entre los 16 y los 18 habitantes por kilómetro cuadrado, densidades semejantes a las que tienen en la actualidad las provincias de Cuenca y Teruel, que son las dos provincias más despobladas.

Para enmarcar la situación de la población española dentro del continente europeo podemos decir que a finales del siglo XVI Francia y Alemania tenían 15 millones de habitantes e Italia 12 millones. Aunque Inglaterra solo tenía una población de 3 ó 4 millones y Portugal sólo 1,5 millones. En Italia, por el contrario, la densidad de población se eleva a 44 habitantes por kilómetro cuadrado y en Francia a los 34.

La población estimada por estos recuentos evoluciona desde los 7 millones y medio a finales del siglo XVI, a los 8 millones y medio según el recuento de Ensenada, y a los casi 9 millones y medio según datos de Aranda. El censo de Floridablanca sitúa la población en casi 10 millones y medio de habitantes. El siglo termina con los 11 millones de habitantes según el último censo que realiza Godoy.

Durante el siglo XVI el aumento de la población es constante y desde el año 1580 se acusa una crisis demográfica. España tenía a finales del siglo XVI siete millones y medio de habitantes. A finales de este siglo termina la época de expansión demográfica y esta población , después de la crisis demográfica del siglo XVII, no se recupera hasta comenzar el siglo XVIII. Entre 1573 y 1580 comenzó a invertirse la tendencia demográfica y en 1600 ya hay zonas donde aumentan los despoblados. Las pestes de los años 1598 a 1600, denominadas atlánticas, causan la muerte de medio millón de personas, que pudieron llegar hasta las 700.000.

La población del siglo XVI es estudiada por Tomás González, archivero del Archivo Histórico Nacional de Simancas, en su obra Censo de población de las provincias y partidos de la corona de Castilla en el Siglo XVI, que se edita en 1829.

A mediados del siglo XVII se estima un descenso de población hasta los 6 millones de habitantes. Para el total de España se estima a lo largo del siglo XVII una pérdida del 25% de la población. El siglo XVII es una siglo de crisis, estancamiento y aun de retroceso demográfico que se ve paliado, en parte, por la lenta recuperación que se produce desde el año 1680 y por la pequeña recuperación después de la grave epidemia de peste de 1648 a 1654. El deterioro del siglo XVII en todos los aspecto se hace cada vez más evidente desde la Gran Crisis de 1640. Los fracasos militares y políticos se suceden y las crisis de subsistencia serán frecuentes hasta 1680, cuando la situación general de las tierras de España empieza a remontar. Durante este siglo tienen lugar tres grandes brotes de peste bubónica, que se unen a ciclos de pérdida de cosecha y hambre que causarán graves alteraciones demográficas, sin olvidar que tanto peste, epidemias y enfermedades actuaban sobre una población con una malnutrición crónica. El brote de peste bubónica de 1596 a 1602 supone la pérdida de 500.000 habitantes, la misma pérdida que ocasiona el que tuvo lugar desde 1647 a 1652, con un año devastador que fue 1649 conocido como el de la Gran Peste. Entre 1676 y 1685 unos nuevos años de epidemias suponen la pérdida de otros 250.000 habitantes. La peste bubónica tenía altos índices de mortalidad y morían la mitad de los infectados. Los brotes de peste afectaron a todas las regiones peninsulares, ya que el brote de 1596 empieza en Santander y afecta, mayoritariamente, a las regiones de la submeseta norte. La peste del año 1647 y la de 1676 afectan a las regiones mediterráneas.

Durante los años 1608 al 1610, 1630 al 1632 y del 1660 al 1662 pequeños brotes de peste se unen a periodos de hambre y entre 1677 y 1683 hay unos años de enfermedades producidas por adversidades climáticas que suponían la pérdida de las cosechas.

A mediados del siglo XVII, en la meseta empieza un retroceso de su población sobre todo en Extremadura y la periferia empieza su despegue.

Además de estas pérdidas de población tenemos que tener en cuenta las que se produjeron por la expulsión de los judíos en el año 1492, y por la de moriscos en el año 1609, que afectaron de modo concreto a determinadas zonas de Castilla.

Como ya se ha dicho el tema de la demografía es uno de los más controvertidos y los datos de población, según el tratamiento que se da a los recuentos de vecinos, alteran la población total en una aguja que puede llegar a situarse en algunos recuentos hasta en un millón de habitantes arriba o abajo.

En el vecindario realizado entre 1712 y 1717 la población había llegado a 7 millones y medio de habitantes en el territorio peninsular, con lo que nos situamos en las mismas cifras que a finales del siglo XVI. Esto pone de relieve el desastre que supuso para nuestro país el siglo XVII.

Este vecindario mandado realizar por Campoflorido, presidente del Consejo de Hacienda, que se realiza al terminar la guerra de Sucesión, es una relación de vecinos por reinos y provincias en base a los partidos de rentas. En 1724, Uztariz transcribió y estudio los datos de este vecindario. El trabajo de Uztariz sirvió de base a los análisis que se han hecho posteriormente, aunque hay que tener en cuenta que aumenta las estimaciones en un 20% de población para contrarrestar la opinión del despoblamiento de la península. Uztariz establece el número de vecinos de la depresión de Castilla en el siglo XVII, para establecer cifras adecuadas y poder contrarrestar los ocultamientos por miedo al aumento de la fiscalidad y a las en 1.500.000 para el total de

Los datos relativos a la demografía de castilla y del resto de las tierras de la Corona a principios del siglo XVIII son unos de los que presentan mas controversia, después levas militares, hay que aumentar en algunos censos las cantidades obtenidas en el recuento de población. Este es el caso del censo de Campoflorido recogido por Uztariz donde hay que aumentar algo más ese porcentaje del 20%, que ya estima él. Los eclesiásticos, según este vecindario, se sitúan en 200.000 individuos.

En 1701 el número de extranjeros se calculó entre los 100.000 y los 180.000. Son datos muy dispares lo que es una prueba más de las dificultades de cuantificación.

En el vecindario de Ensenada, que recoge datos de los años 1750 a 1756, la población de Castilla se sitúa entre los 6.500.000 y los 6.700.000 habitantes de un total para el conjunto de España de 8,5 millones. Durante el siglo XVIII se recuperan unos 4 millones de habitantes. La población estimada para el vecindario de pecheros fue de 1.385.118 de vecinos, de ellos la población de labradores, campesinos y jornaleros se estima en 1.169.201 trabajadores, los pastores se contabilizan en y la ocupada en actividades artesanales y comerciales fue de 215.917 vecinos, el 15,58% de los vecinos pecheros. El número de habitantes sin domicilio se sitúa en 230.278.

Los vecinos contabilizados como jornaleros, pastores, criados y pobres de solemnidad ascendieron a 1.402.098. A finales del siglo el porcentaje de los ocupados en actividades personales no ligadas al a la agricultura y a la ganadería se ha duplicado. En el vecindario de Ensenada se aplica el coeficiente de 4,5 para pasar de vecinos a número de habitantes y a la cifra obtenida se suman los habitantes sin domicilio

Un recuento de población en Castilla realizado en época de Campomanes recoge una población eclesiástica de 141.840 individuos. La población secular solo se estima en 6.322.172 habitantes. Estos dos datos suponen una población para castilla de menos de 6 millones y medio de habitantes, lo que muestra que Castilla, desde mediados del siglo
XVIII, no ha mejorado sus índices de población y pone de manifiesto el estancamiento demográfico del centro peninsular, aunque a mediados de este siglo desaparece la relación, que se dio a lo largo de todo el siglo XVII, que unía mala malas cosechas, enfermedades mortales generalizadas y pérdida de población

Los datos obtenidos por el recuento de población de Campomanes y el que luego establece el Vecindario de Ensenada, realizado a partir de 1759, con los datos recogidos de la documentación del Catastro, son coincidentes y establecen la población de Castilla en trono a los 6.500.000 millones de habitantes.

En 1768 el censo de Aranda, que se hace por diócesis en obispados y arzobispados, y abarca todo el territorio, establece el número de habitantes del territorio peninsular en 9.307.807. El número de nobles se censo en 722.000. Entre 1717 y 1768 el aumento de la población en España es del 22,06 %. El censo de Aranda estima una población religiosa de 208.899 individuos entre religiosos propiamente dichos y los llamados beneficiados, una población unida directamente en su modo de vida con el estamento eclesiástico. Existían 2004 conventos de hombres con 55.453 religiosos y 1.026 conventos de mujeres con 27.665 religiosa, se calcularon 15.639 curas y 50.048 beneficiados. El número de nobles se estimó en 722.000.

El censo de Floridablanca de 1787, realizado por intendencias y considerado el primer censo moderno de España, da una población de 10.409.879 Con relación a comienzos de siglo el aumento de población es de un 36,52%. El número de campesinos era de 1.860.000 vecinos. Según datos de este censo el 71% de la población activa eran labradores y jornaleros. El 29% restante ocupados en actividades del sector secundario y terciario supone un aumento

Casi a finales de siglo el censo de Godoy, 1797, establece la población en 10.541.221 habitantes. Este censo establece una población noble de 400.000 individuos., que suponían el 4% de la población. La población dedicada al trabajo en el sector primario era de 1.671.000 vecinos. Estos vecinos se reparten en 364.000 labradores propietarios, 507.000 arrendatarios y 800.000 jornaleros. Entre 1768 y 1797, es decir en treinta años el número de elementos del estamento nobiliario ha descendido en 322.000 individuos y entre 1787 y 1797 desciende también la población rural en unos 190.000 individuos, lo que sitúa el porcentaje de este sector de población en torno al 65%.

A lo largo del siglo XVIII el aumento de la población se sitúa en torno al 57,37%. En 1808 la población de España era de 12 millones de habitantes y en el año 1825 superaba los 14 millones de habitantes.

Vamos a dedicar unas líneas a ver la evolución de la población eclesiástica en el siglo XVIII. El catastro estima en un 3% la población eclesiástica que sería propietaria del 10% de los ganados y del 15% de las tierras cultivables.

A finales del siglo XVI el clero estaba integrado por unos 74.953. De los que 33.087 eran capellanes y párrocos, 20697 monjes y frailes y 20.369 monjas. En 1747 el número de eclesiásticos estimados es de 170.795. El Vecindario de Ensenada con los datos obtenidos de las averiguaciones establece para mediados del siglo XVIII la existencia de 176.067 eclesiásticos, de ellos 66.687 elementos pertenecen al clero secular. Se estimaron 56.457 religiosos y 27.685 religiosas A fines del Siglo XVIII el número de eclesiásticos es de 172.231.

A finales del siglo XVI y a finales del siglo XVIII la población eclesiástica supone un 1,5% de la población total, pero a finales del XVI la población española es de 7.5 millones de habitantes y a finales del XVIII de 10,5 millones.

Los siglos XVII y XVIII. Sociedad y economía.

En los últimos siglos de la edad media, la economía castellana conoce una etapa de expansión debido al desarrollo del comercio de la lana. Pero en esta expansión no participan por igual todas las zonas de Castilla, ya que ambas mesetas se quedan fuera de esta expansión y, en general, todos los territorios tienen un gran retraso técnico unido a una estructura social basada en el campo que no ayudaba al cambio en las estructuras económicas. Por lo tanto, la expansión económica de Castilla tenía unos pilares poco sólidos ya que dependía de la exportación de una materia prima y se limitaba al espacio de las ciudades. La economía castellana continuará ligada al sector primario y hasta el siglo XIX la agricultura y la ganadería son las fuentes esenciales de riqueza y ocupaban al 80% de la población. El elemento urbano e industrial tendrá poco peso.

La sociedad española durante la edad moderna estaba fuertemente jerarquizada y las desigualdades sociales estaban muy marcadas. Nos encontramos con dos grandes estamentos el del estado llano y el de los grupos privilegiados, a los que hay que añadir grupos de población marginada. La nobleza gozaba de un gran prestigio social, aunque tenía una estructura de pirámide, que abarcaba desde los grandes y títulos hasta los hidalgos. Los duques, marqueses y condes eran los propietarios del suelo, de la riqueza y de los honores. Por debajo en la jerarquización social estaban los caballeros de ordenes militares, Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, que poseían grandes extensiones de tierra y disponían de importantes recursos. A continuación podemos situar a los señores de vasallos, que sin pertenecer a la lata nobleza poseen tierras y derechos señoriales. Los dos últimos escalones serían el patriciado urbano y los hidalgos. La hidalguía supone sobre todo exención fiscal y por ello prestigio social, aunque no implicara una desahogada situación económica. La mayoría de los hidalgos vivían en núcleos urbanos y pocos en el campo. Reconocer un título de hidalguía era la aspiración de cualquier castellano.

En el siglo XVI los nobles eran el 2% de la población, sin embargo a fines del siglo XVIII la población noble se estima en unos 400.000 individuos, un 13% de la población que se estima para el total de la península. El 97% del suelo peninsular estaba en manos de los nobles, de las altas autoridades de la Iglesia y de las ordenes Militares. El 52% de este suelo eran grandes latifundios.

A lo largo del siglo XV se constituyeron los grandes dominios señoriales y la aristocracia, “los Grandes de Castilla” tiene un poder que la convierte en árbitro del Estado. Los mayorazgos, los llamados Juros de Heredad, se van formando por la cesión de tierras en pleno dominio trasmisible por herencia al primogénito. La otra forma en la que se van constituyendo los latifundios es por el reparto de tierras en Andalucía, según iba avanzando la Reconquista. Los segundones de estas grandes familias latifundistas sólo podían aspirar a cargos públicos y eclesiásticos.

El clero era el otro estamento privilegiado y suponía entre el 5% y el 10% de la población de Castilla. Lo mismo que en la nobleza podemos distinguir varías categorías. El alto clero de arzobispos y obispos que eran unos 50. El bajo clero que eran los párrocos y los clérigos de corona que eran los que tenían ordenes menores. El clero regular comprendía los elementos de ordenes, conventos y monasterios. El clero español poseía extensas propiedades y rentas cuantiosas que se hallaban vinculados y eran bienes de manos muertas que no se podían vender. En estas propiedades no nos referimos a las posesiones particulares del eclesiástico que tienen la consideración de propiedad libre patrimonial.

La población eclesiástica se duplica a lo largo del siglo XVII y así se pasa de los 90.000 eclesiásticos existentes a finales del siglo XVI a los 200.000 existentes a finales del siglo XVII. Población que desciende a lo largo del siglo XVIII hasta llegar a los 170.000, el 5% de la población. El clero desempeñaba una importante función social y tenía a su cargo una labor asistencial importante en los hospitales y en las obras de asistencia y de caridad.

Todos los que no pertenecían a estos dos estamentos eran considerados pecheros, obligados a contribuir en los impuestos reales y diezmos eclesiásticos. Formaban la inmensa mayoría entre un 80% y un 85% de la población. A este estamento pertenecían desde un rico mercader a un bracero o jornalero del campo, pasando por propietarios acomodados, arrendatarios, artesanos, manufactureros, oficios de la administración, profesionales liberales, así como criados y mozos.

La población de España en el año 1482 según el censo elaborado por Quintanilla en el reinado de los Reyes Católicos se situaba entre los 9 y los 10 millones de habitantes y la de Castilla entre los 6 y los 7,5 millones de habitantes, aunque los datos de este censo se consideran demasiado elevados.

Por lo que respecta a la distribución geográfica de la población hay que decir que más del 80% de la población de España vivía en el campo, muchas veces en condiciones muy duras ya que las tres cuartas partes del suelo castellano pertenecían a señores laicos o eclesiásticos. Los labradores ricos formaban una minoría de un 5%. La población rural superaba ampliamente a la urbana en toda Castilla, que se estima no sobrepasaba el 12% de la población. En las zonas del sur del reino las ciudades eran más populosas, aunque por su censo profesional son ciudades de carácter rural. La meseta norte tenía pequeñas villas, lugares y aleas y en las tierras de Cantabria dominaba la población dispersa.

Durante estos siglos pocos fueron los cambios en la estructura social de la población española. Durante el reinado de los Reyes Católicos los campesinos eran el 80% de la población, los artesanos eran el 13% y la clase media urbana solo suponía el 5%. A finales del siglo XVIII los labradores, jornaleros y criados suponían el 67% del censo de vecinos, unos 2.100.000, de ellos los criados suponían 421.760 vecinos. Los labradores arrendatarios eran el 30% de la población campesina, los labradores propietarios solo suponían un 22% de esta población y los jornaleros ascendían al 48%. Los comerciantes suponían solamente el 1% de la población, unos 25.000. La administración civil y militar ocupaba a unos 110.000 individuos, el 4% de la población.

La estructura social de la población contaba con minorías religiosas, dos de las más numerosas e importantes eran los judíos y los moriscos. En Castilla y Aragón el número de judíos se estima, aproximadamente, en unos 300.000 individuos a finales del siglo XV y eran elementos importantes por su actividad financiera y artesanal. De estos 300.000 judíos la mitad eran los judíos-conversos y la otra mitad son expulsados. Otra minoría era la de los mudéjares, que suponían en la corona de Aragón la quinta parte de su población y en el total de los territorios peninsulares la proporción suponía uno de cada 35 habitantes. La minoría morisca, expulsada en el año 1609, se estima en un millón de individuos, de los cuales unos 700.000 vivían en el reino de Castilla y 300.000 son expulsados después de su sublevación en el año 1502. Granada contaba con el número más elevado de población morisca estimada en unos 500.000. Los moriscos de la Corona de Aragón se reparten en los 50.000 de Aragón, los 160.000 de Valencia, los 10.000 de Cataluña y los 15.000 de Mallorca.

Completaban la población los grupos que se denominan marginados. Entre ellos estaban los extranjeros, que se dedicaban a la banca, al comercio internacional, a la artesanía y a las actividades artísticas. Los emigrantes de origen francés suponían el 20% de la población en Aragón y Cataluña. Los esclavos, que se calculan en unos 50.000 eran negros africanos traídos por los portugueses y vendidos por los mercaderes de Lisboa, Valencia y Sevilla. Eran empleados en el servicio doméstico y constituían una especie de lujo en las casas señoriales y acomodadas. Otras minorías de población eran los moriscos de Granada, Valencia y Aragón, que suponían una mano de obra hábil y laboriosa. los gitanos y los bandoleros. El último grupo que vemos era el de los vagos. Esta población era oriunda del campo y vivía en las ciudades. Se intento siempre limitar su número obligándoles a buscar un oficio o un trabajo, pero todos los proyectos fracasaron por la falta de trabajo y empleos en España. Estos ociosos eran la consecuencia de una situación económica muy preocupante.

Ya en el siglo XVI vemos como los ricos prefieren invertir en tierras y rentas, descuidando las actividades productivas, las clases medias buscan el prestigio social de las clases privilegiadas y los desocupados aumentan el número de los que tienen que vivir de la caridad y de la beneficiencia.

Para explicar la situación de Castilla es necesario revisar los cambios que se aprecian en los diversos sectores de la población y las variaciones que tienen lugar en la estructura de la población. Desde finales del siglo XVI podemos empezar a conocer mejor los datos demográficos ya que se empiezan a realizar registros de bautismo y matrimonio. Durante el siglo XVII la tasa de mortalidad de la población infantil en los niños de menos de un año estaba entre el 25 y el 30%. Hasta los cinco años el porcentaje de niños que podían morir era de un 40%. La mortalidad infantil a lo largo del siglo XVIII continuó en torno al 40‰ y la tasa de natalidad se sitúa en torno al 45‰.

Por lo que se refiere a la estructura ocupacional de la población tenemos que decir que la sociedad española era una sociedad rural, el autoconsumo y el trueque caracterizaban la vida de los territorios de la Corona de Castilla. Podemos decir que la Edad Medía persistía en el campo El mundo rural abarcaba el 80 % de la población y de la riqueza económica. El sector secundario solo ocupaba al 12% de la población. Ello se debía, en gran medida, a que el mundo rural era autosuficiente y el autoconsumo impedía una circulación monetaria que animara la demanda de productos procedentes de las ciudades. Al terminar el siglo el índice de población rural desciende hasta el 60% de la población castellana, lo que supone un aumento del desarrollo de la población urbana a lo largo del siglo XVIII y el incremento de las actividades del sector terciario.

Castilla sufre durante todo el siglo XVII las consecuencias de la crisis del siglo XVII y de la explotación fiscal que ha sufrido desde el siglo XVI lo que ha impedido la inversión para relanzar la producción de sus tierras. Castilla mantuvo la supremacía del imperio, las levas para mantener las guerras continuas suponían que de cada diez hombre reclutados apenas uno regresara. Ello unido a epidemias y pestes llevó a la pérdida de la población de muchas zonas.

Las comunidades agrícolas tenían que ser autosuficientes porque el campo no generaba excedentes que pudieran destinarse al consumo de bienes que no sirvieran para satisfacer necesidades elementales, por ello las ciudades apenas podían vivir de su actividad artesanal y manufacturera. Las ciudades no eran, como lo son ahora, el centro de la actividad industrial y el motor del desarrollo económico.

Durante el siglo XVIII las ciudades seguían siendo dependientes del la economía rural agraria y se limitan, en la mayoría de los casos, a ser talleres locales. La estructura socio-económica descansaba en los campesinos, muchas veces no propietarios de sus tierras y si arrendatarios, jornaleros y trabajadores estaciónales. Los campesinos propietarios y arrendatarios suponían del 25% al 30% de la población rural y los campesinos con ingresos superiores a los 1.000 ducados al año no llegaban al 5% de esta población. Los campesinos dedicaban parte de su tiempo a la producción artesana, bien para su propio uso, o bien a las órdenes de un comerciante de la ciudad, sobre todo en el hilado y tejidos de fibras textiles, como ocurre en el caso de los perailes o fabricantes de paños. Los jornaleros suponían entre el 50% y el 60% de la población rural de Castilla y cuando no encontraban ocupación tenían que dedicarse a algún trabajo artesano o vivir de pedir limosna.

El salario medio diario de los jornaleros y de los labradores oscilaba entre los dos reales y los dos reales y medio, sueldo que cobraban el 40% de estos trabajadores. Los días de trabajo se les estimaban en 120 al año.

La actividad industrial se limitaba en el siglo XVI a las industrias de paños de Toledo, Cuenca, Baeza, Osma, Calahorra y Sigüenza. Estas manufacturas se completaban con las de armas, cerámica, vidrio y las atarazanas de Sevilla y de la zona cantábrica. La seda en Granada y la fabricación de jabón en Sevilla eran actividades señeras en estas ciudades.

A la escasa actividad artesana tenemos que añadir que hasta finales del siglo XV no existe una organización gremial, justo cuando esta estructura jurídica, económica y laboral estaba desapareciendo en Europa. La ayuda mutua entre los trabajadores artesanales se había canalizado a través de cofradías, hermandades y asociaciones de oficios, organizaciones religiosas de previsión y recursos mutuos, pero no verdaderos gremios para una reglamentación del trabajo. Los gremios habían sido expresamente prohibidos en el siglo XIII, en la ley de las Siete Partidas del reinado de Alfonso X, y no eran del agrado de Fernando el Católico, por lo que implicaban de monopolización de la vida municipal y de la organización económica través de su reglamentación de precios y salarios. Los gremios podían servir de freno al poder real en las poblaciones y su falta de presencia nos indica la falta de poder de las clases urbanas.

En una economía basada en la agricultura de secano la climatología y la existencia de amplias extensiones de tierra eran los factores decisivos para su mantenimiento y desarrollo.

El aumento y la disminución de nuevas tierras roturadas y después abandonadas que se da en los siglos XVI y XVII es causa y consecuencia de las fases de expansión y contracción de la población, igualmente veremos que tuvo relación con los problemas financieros de la Corona y que también estaban implicados los intereses económicos de los agricultores y de los ganaderos.

Durante el siglo XVI el aumento continuo de la población, en una fase expansiva, aunque desde 1560 y sobre todo desde 1580 se empieza a notar el inicio de la fase depresiva, hace necesario el aumento de la producción de cereales y este aumento de los cultivos da lugar a la necesidad de roturar nuevas tierras, que se estimula, así mismo, con el incremento del precio de los productos agrícolas. Se produce una roturación de montes que da lugar a la falta de pastos. Todo ello beneficia a los estamentos rentistas como la nobleza y el clero, este último ve como aumentan sus ingresos por los diezmos y la nobleza puede aumentar las cantidades cobradas por los arrendamientos de sus tierras. Aunque estas nuevas tierras roturadas se agotan pronto y el aumento momentáneo de la producción agricultura entra en crisis. Las roturaciones suponen el aprovechamiento para el cultivo de tierras que antes habían sido comunales. La causa de las nuevas roturaciones hay que buscarla también en la necesidad de dinero de la Corona. Por el contrario, durante la crisis del siglo XVII se abandonan muchas tierras por el descenso de la población que quitaba mano de obra y disminuía la demanda de granos para el consumo. En este siglo lo que si se realizan son nuevas roturaciones de dehesas y baldíos en busca de tierras nunca cultivadas para aumentar la productividad de tierras agotadas por una explotación constante. En el siglo XVIII se produce de nuevo una fase expansiva de la economía y los incrementos de la población, estimados en unos cuatro millones de habitantes, harán necesario la ampliación de las superficies dedicadas al cultivo y se producen nuevas roturaciones.

A partir del siglo XVI la falta de tierra empieza a plantearse como un grave problema para la agricultura. Se empiezan a perder tierras comunales lo que lleva, en muchas poblaciones, a la emigración rural y al traslado de los más desfavorecidos a las ciudades. A su vez, los señores se apropian de las tierras de los núcleos despoblados después de épocas de malas cosechas y de hambrunas. Esta pérdida de tierra comunal se acentúa porque el rey la vende en las poblaciones de realengo para obtener recursos para la Hacienda. En este mismo sentido, en el año 1625, la Corona vende 20.000 vasallos de jurisdicción real como garantía de préstamos.

Hay un círculo vicioso de despoblamiento, pérdida de tierras comunales, empobrecimiento, malas cosechas, desórdenes monetarios, años de hambre y peste y emigración rural a las ciudades. La venta de tierras de uso comunitario priva de medio de vida a los habitantes más pobres de algunas poblaciones que utilizaban las parcelas de modo rotatorio para pasto, obtención de leña y pequeños cultivos. Junto con la venta de tierras comunales se produce la roturación de pastos y bosques comunales, lo que incide de nuevo negativamente en los escasos recursos de los elementos más necesitados de las poblaciones. Desde el siglo XVI, en Castilla, se produce una ruina de los bosques. Las roturaciones ganan tierra para pastos y cultivos y llevarán a la larga por la falta de reforestaciones a una crisis en la construcción de barcos.

El enfrentamiento entre agricultores y pastores por tierras y pastos es una constante en estos siglos. En el año 1560, ante la pérdida de pastos, los propietarios mesteños y los pastores en distintas poblaciones obtienen de Felipe II la restitución de los pastizales que se hubieran roturado desde 1560. La disminución de los pastos creaba problemas añadidos para el abastecimiento de carne, ya que el obligado de la carne utilizaba las tierras del Común para pasto de los ganados con los que surtía de carne al municipio.

En el año 1761 se concede a los municipios el derecho a disfrutar de sus pastos comunes, aunque en 1796 se volvió a conceder a la Mesta el derecho de fijar las extensiones de tierra que se podían roturar. Pero según avanza el siglo XIX los privilegios de la Mesta son cada vez mas atacados.

Por lo que respecta a la climatología en los campos de cereal de la meseta central el mayor problema era la irregularidad de las cosechas a causa de la sequía o por los fríos y las lluvias fuera de los tiempos adecuados en el ciclo anual de la cosecha.

Estas alteraciones del clima se repiten a lo largo del siglo XVII y producen la pérdida de las cosechas por que el cereal no tenía el grado de temperatura y de sequedad adecuado en primaveras y veranos fríos y de excesivas lluvias.

En la submeseta sur se registran medias de 400 mm de precipitaciones, cuando se consideran 500 mm el límite inferior para una buena agricultura. Situación agravada porque el campesino dependía fuertemente de su producción como cultivo más importante y más extendido. El fallo en su cosecha daría lugar a las hambrunas de Castilla de los años 1544, 1585 y 1608. Junto con los años de hambre se producen épocas de peste y epidemias como las de los años 1521, 1538, 1557,1565, 1567 y 1589. En la peste atlántica de 1597 sucumbe el 25% de la población española. En el año 1530 la peste afecta gravemente a Cataluña.

Entre 1580 y 1630 la producción de trigo y cebada cae un 40% en Castilla. Las oscilaciones en la curva de la producción de granos coincide con las de la curva de población. Los cereales y el vino suponían entre el 70% y el 80% de la producción agraria. De los cereales se obtenía el 75% de la renta generada en Castilla, mientras que otros cultivos y aprovechamientos sólo suponían el 10%.

En el primer tercio del siglo XVIII las condiciones climáticas fueron favorables para las cosechas. Entre 1734 y 1738 esta situación cambia. Prueba de ello lo tenemos en un escrito del Obispo de Cuenca en el que habla de lo nulo de las cosechas desde el año 1734. Podemos decir que hubo una reducción de las cosechas que descendió a la mitad y en algunas poblaciones a la cuarta parte de los rendimientos antes conseguidos.

Desde 1738 a 1760 el clima vuelve a ser favorable, de modo general, para el campo. En la primera mitad del siglo XVIII se registran años particularmente malos, con la consiguiente subida de los precios, como fueron el 1709, 1723, 1734 y el 1752 y puede hablarse de hambre en zonas concretas de Castilla, que llevó a la importación de cereales y a la prohibición de subir la fanega de trigo por encima de los 64 reales. A partir de 1755 se puede hablar de una coyuntura internacional favorable.

En relación con lo expuesto, las Respuestas Generales de las poblaciones que estamos examinando hacen repetidas quejas de los bajos rendimientos de la tierra con expresiones como “lo calamitoso del pasado”, ”la cortedad de la tierra“ y “no es capaz de producir mas que una regular cosecha“. En general , hay una queja constante sobre la baja calidad de sus tierras y lo escaso de lo cosechado, que se extiende igualmente a “la cortedad” y al poco rendimiento de los ganados. Incluso se recogen las quejas por la falta de pastos para mantener a los ganados.

Las noticias generales sobre las malas cosechas reafirman estas quejas de los pueblos, pero tampoco podemos olvidar que la finalidad del Catastro era fijar un impuesto por lo que existía un interés en rebajar los beneficios en todos los ingresos lo que llevo, en muchos casos, al intento de ocultamiento de datos o presentación de cantidades que podían no corresponder con la realidad.

El aumento de la población a lo largo del siglo hizo que la “cortedad” de las cosechas fuera más acusada. Para remediar esta situación se roturaron nuevas tierras, pero de todos modos no se pudieron evitar las situaciones de crisis de alimentos y de carestía de los productos agrícolas. Todo ello dio lugar a un aumento del valor del terreno agrícola, pues el incremento del precio de los productos del campo hacía que la compra de tierras se viese como una forma de inversión.

Vamos a dedicar las páginas siguientes a tratar los aspectos más destacados de las características de la agricultura castellana en estos siglos en los que se refiere a técnicas y sistemas de cultivo, aperos de labranza y animales de labor, cultivos y rendimientos. También recogeremos los datos mas relevantes en torno a la actividad ganadera.

Las tierras de Castilla son de secano y el sistema de cultivo aplicado era el de descanso, “de año y vez” para aumentar su productividad a través del barbecho. Un año de barbecho, e incluso mas, dependiendo de la calidad de los suelos, era considerado el medio de conseguir mantener una nivel de cosecha aceptable. Estas tierras secas debían removerse con frecuencia para evitar la pérdida de humedad. En otoño, durante el mes de noviembre; entre la fiesta de Todos los Santos y el día de San Andrés; el cuatro de febrero, había que arar la tierra con una profundidad de un palmo, unos 21 centímetros, y abonarla. Antes de Navidad había que volver a arar de modo más profundo para que penetraran las lluvias de invierno. En el mes de mayo había que remover la tierra para que el sol secara las malas hierbas. En otoño se sembraba arando a una profundidad de unos 42 centímetros. Para aprovechar la humedad que dejaban las lluvias y evitar la evaporación siempre se debía arar en cruz, de modo que una reja corte la otra. En España, los campos eran mayoritariamente cuadrados, reflejando un movimiento transversal. El barbecho se hacía muchas veces con menos profundidad de la adecuada y la reja debía penetrar por lo menos medio metro para evitar dejar las semillas demasiado someras y que no se las comieran los pájaros o se helaran. Los arados muchas veces no eran lo suficientemente robustos para permitir una labor tan profunda y había que esperar a que la tierra estuviera muy empapada con las lluvias del otoño para permitir un arado adecuado. El ángulo de la reja se debía ajustar para que el arado penetrar menos hondo en la primera rotura del barbecho y de modo más profundo en la siembra.

El precio de un arado era de unos 200 ducados, equivalentes a 2.200 reales o lo que es lo mismo el salario de un trabajador agrícola durante varios años. Un arado solo era posible comprarlo mediante un préstamo que significaba un endeudamiento a varios años.

El mantenimiento del barbecho a lo que se unió la no introducción de plantas forrajeras en los años de descanso impidió en las tierras de Castilla el aumento de la productividad, lo que si ocurrió en Cataluña. En ello influyo también los intereses de los ganaderos que necesitaban tierras no cultivada para el aprovechamiento de los pastos.

En la España húmeda se introduce el maíz, que es un cultivo que se puede alternar con el de los cereales. El maíz se sembraba entre abril y mayo y la cosecha se recogía de septiembre a octubre, por lo que la tierra quedaba libre para la siembra de los cereales. Con el maíz se solían sembrar habas y calabazas.

Por lo que respecta a los abonos, estos se limitaban al uso del estiércol obtenido de los ganados y animales de labranza, El abonado era escaso y cuando se abonaba una tierra era porque se la considera de muy buena calidad y se estimaba que con ello se aumentaba más su rendimiento.

Por lo que se refiere a los rendimientos de la tierra podemos decir que poco variaron a lo largo de estos siglos, pues el campo ha introducido pocas novedades técnicas en los sistemas y métodos de explotación. Se puede decir, de modo general, que los obreros de las ciudades vivían mejor que los arrendatarios o jornaleros del mundo rural y en muchas zonas mejor que los pequeños propietarios.

La mula era el animal más utilizado en las faenas agrícolas. La mula, como animal de tiro en el arado, produce menos profundidad de surco en comparación con los bueyes y vacas que eran los otros animales utilizados en las faenas agrícolas y con el agravante de que consumían para su alimento parte de la cosecha de cebada, en tanto que los bueyes se alimentan en dehesas y en tierras de aprovechamiento común. Las mulas tenían la ventaja de ser animales de labor más rápida y con ellas se podía labrar una fanega al día , en tanto que los bueyes sólo eran capaces de labrar media fanega. En las zonas donde la propiedad de la tierra era de extensión media o baja, las mulas hacían más fácil el desplazamiento para ir de una parcela a otra. Además, facilitaban los desplazamientos largos en casos de concentración de propiedad y de población, sin olvidar que se utilizaban de medio de transporte de mercancías y personas. La compra de un par de mulas significaba un endeudamiento de dos o tres años, pero la propiedad de una pareja de bueyes significaba el paso de la condición de jornalero a la condición de labrador.

En las poblaciones examinadas hemos visto que el animal de labranza es la mula y el macho y en algunas ocasiones los jumentos y jumentas. El animal tradicional de tiro para el arado había sido el buey. Era un animal que araba fuerte y profundo, aunque torpe y lento. A fines del XVIII representaba todavía un tercio del ganado utilizado para las labranzas en algunas zonas de Castilla, sobre todo en la primera roturación.

El buey era un animal costoso. Podía valer entre 20 y 25 ducados, unos 250 reales por término medio, en tanto el precio de un caballo se situaba en la mitad de este valor. De todos modos eran animales muy caros y se recurría al mulo, que además era ágil y resistente. La extensión del uso de mulos y mulas significaba que habían disminuido los pastos en beneficio de las huertas y viñedos, que necesitaban un arado mas superficial.

La adquisición de animales de labor y aperos de labranza significa una deuda crónica para el campesino. Por ello se habla de que las tierras estaban incultas por falta de medios, situación que había llevado al abandono de muchas tierras cultivables. Se considera que se necesitaban 500 reales anuales para el mantenimiento de un campesino y su familia, lo que suponía que el labrador debía tener un rendimiento neto de la cosecha de cereales, estimado en fanegas de trigo, de unas 28 fanegas.

Los ganados daban a los campesinos alimentos, estiércol y cueros que se vendían para su aplicación en actividades artesanales. Los animales pastaban en lugares cercados, dedicados exclusivamente a este cometido por los municipios, en las dehesas boyales, en terrenos comunales o en los barbechos y campos cultivados, después de recoger las mieses, es el derecho llamado “derrota de las mieses”. Este tipo de ganadería , llamada estante, no planteaba problemas específicos. La ganadería trashumante de ovejas y carneros merinos estaba agrupada en torno al Honrado Concejo de la Mesta y estaba organizada en cuatro cabañas las de Soria, Segovia, Cuenca y León. La trashumancia de los ganados mesteños supuso durante estos siglos un conflicto continuo de intereses entre agricultores y ganaderos por los derechos de pastos u rutas de desplazamiento a través de la cañadas.

En cuanto al tipo de productos cultivados, podemos decir, de modo general, que los cereales tenían una importancia principal. En todos los pueblos de Castilla predomina la agricultura de secano dedicada al cultivo del trigo, de la cebada, de la avena, y de la escaña. El trigo, la cebada y el centeno ocupaban las tres cuartas partes del territorio español en régimen de monocultivo.

El viñedo se va extendiendo y es el segundo cultivo en algunas zonas de la meseta central y en Andalucía. El aceite tiene una importancia relativa y se dedicaba al consumo interno, aunque los olivares van ganando tierras de cultivo en Andalucía. A lo largo de estos siglos aumentó el cultivo del viñedo a costa del trigo, pues su productividad era mayor. La cosecha podía ser más segura, si las circunstancias metereológicas, lo permitían y de periodicidad anual. Sin embargo, tampoco era la solución para ayudar a salir de sus problemas a los agricultores pues sus rendimientos, aunque anuales, eran escasos, como en el resto de las cosechas, por lo pobre de los aperos de labranza, los sistemas de cultivo y lo escaso del abono para enriquecer las tierras. En este sentido, no necesitaba de nuevas inversiones pues los animales y los aperos que necesitaba su cultivo eran aprovechados de los utilizados para los cereales.

El aumento de la plantación de viñas estuvo estimulado por un mayor consumo como alimento energético y, algunas veces, sustitutivo de la carne. Las vides se solían plantar en tierras de calidad baja, en eras o en hilos, al igual que los olivos. Algunas veces ambos plantíos formaban parte del paisaje de las tierras de cereales donde se plantaban como pies sueltos. Otras veces una misma tierra era compartida por pies de olivos y vides. Los vinos que se obtenían eran, por lo general, de muy baja calidad. Además, en muchas ocasiones, la producción de ambas plantas era limitada y no se podía reducir a vino y a aceite por lo que se destinaba al consumo directo y por los propios productores. Lo escaso de la cosecha hacía que, en algunas poblaciones, las producciones no estuvieran sometidas al pago del diezmo. Las viñas necesitaban menos mano de obra a lo largo del año, aunque precisaban un trabajo intenso de cava y poda, en determinadas épocas del año, que se tenía que completar con la vendimia en el otoño Era un cultivo muy adecuado para las labores con mulas, pues la viña no necesitaba cultivo con surcos profundos.

A lo largo del siglo XVIII se plantan las tres cuartas partes de las viñas existentes en Castilla. Este aumento de la plantación de viñas, que es constante desde el siglo XVI, limitaba los pastos para el ganado y eliminaba rastrojeras y paja para los ganados.

El cultivo de cereales y vides tiene un importante desarrollo hasta los años 1570 en que aparecen los primeros síntomas de crisis. La presión demográfica por el crecimiento de la población y el comercio americano provocan una fuerte demanda y el alza de los precios. Pero la producción quedará limitada en un cierto nivel por el escaso desarrollo técnico y por los sistemas de cultivo centrados en el barbecho. La producción sólo podía aumentar extendiendo la superficie de tierras cultivadas, las comunales, los baldíos, los pastos y los montes. Los cereales y el vino suponían entre el 70% y el 80% de la producción agraria en la España Moderna. Castilla era y sigue siendo, fundamentalmente, tierra de secano que da el suelo adecuado para los cultivos de cereales, vides y olivos. Las escasas zonas de regadío se localizaban en el valle del Ebro, en las huertas de Valencia, Murcia y en la vega de Granada.

La importancia del cereal viene avalada por el hecho de que la fanega de trigo era el precio de referencia para muchas transacciones comerciales que podían tener el pago en trigo. En el año 1605, se establece una tasa para el precio del trigo en 18 reales y para la cebada en 9 reales, que es la vigente cuando se realizaron las estimaciones catastrales. Si el año era abundante estos precios bajaban. La tasa se utilizaba, principalmente, como referencia para calcular el precio de las rentas.

Los rendimientos de las cosechas de cereales, en general, apenas triplicaban la simiente. Se podía hablar de cosecha abundante si de cada grano se obtenían cuatro, buena si el rendimiento era de cinco por uno y excelente al obtener seis o siete granos de cada grano sembrado. Comparar. Otro dato con relación al rendimiento de sembradura que se recoge como general para Castilla es que, con una fanega de grano se podía sembrar 1,5 fanegas de tierra, casi una hectárea. El rendimiento para el trigo se sitúa trigo en torno al 5 por 1. Las causas de estos escasos rendimientos hay que buscarlas en las labores someras de los cultivos, en la escasez y mala calidad de los abonos, en la no selección de las semillas y en la ausencia de herbicidas a lo que se une la propia estructura de la propiedad.

Las mejores tierras estaban en manos del estamento privilegiado, la nobleza y el clero, a lo que se une que también estaban mejor cultivadas y en algunas se introducían sistemas de regadío. Las tres cuartas partes de la superficie cultivada pertenecía a señores y monasterios. El clero era propietario, a finales del siglo XVIII, del 25% de las tierras labrantías. Las tierras del clero producían, aproximadamente, la cuarta parte del producto bruto de la agricultura.

La explotación de estas grandes propiedades se hacía en algunas ocasiones de modo directo por los propietarios y, en la mayoría de las ocasiones, mediante aparceros que pagaban una renta en especie, también se utilizaban distintos sistemas de arrendamiento a corto, medio o largo plazo a cambio de una renta en dinero. El corto plazo se sitúa en torno a los tres años, el medio plazo entre los cinco y los diez años y el largo plazo por encima de los diez años, pudiéndose llegar a contratos de explotación vitalicios, que podían pasar a los herederos de ambas partes.

Pero tanto estos grandes propietarios como los pequeños agricultores utilizaban en sus explotaciones los mismos animales de labor, mulas, mulos, bueyes, vacas, jumentos y jumentas. El arado y el azadón eran los aperos imprescindibles y el estiércol, prácticamente, el único abono utilizado.

La Iglesia tenía un papel fundamental en la vida social entre la rutina y la ignorancia popular. Toda función vital y acto social estaba presidido por ritos religiosos. Las fiestas populares, el arte y la cultura giraban en torno a la iglesia y los elementos del estamento eclesiástico eran sinónimo de caridad, socorro, beneficiencia y remedio. Tocar al Ángelus o a Animas eran sonidos diarios en las campanas de cualquier población y el signo de la cruz presidía cualquier actividad cotidiana. En épocas de sequía, granizo, heladas, plagas, hambre, peste y ante cualquier calamidad se acudía a la celebración de ceremonias religiosas o a la protección de los santos buscando remedios y esperanzas de solución. Era el recurso a lo sobrenatural cuando las circunstancias se escapaban del control de lo conocido. Los ilustrados se mostraron hostiles a este estamento, cuyos individuos formaban parte como población regular de más de cuarenta órdenes religiosas distintas, ya que consideraban a sus elementos como población improductiva y por el contrario titulares de derechos, privilegios y rentas que no generaban riqueza para la nación.

A lo largo del siglo XVIII se intentan diversas soluciones para los problemas agrarios. Los Informes sobre la situación del campo español, como el de Jovellanos para la Ley Agraria, intentan poner de manifiesto los problemas de la agricultura para que la monarquía inicie medidas de reforma en la estructura de la propiedad y en los sistemas de cultivo, como puede ser la introducción del regadío y la colonización de terrenos baldíos. La propiedad de tierras en manos del estamento eclesiástico, así como la existencia de bienes comunales en los municipios serán unos de los aspectos en los que más se incide por las ideas de la política desamortizadora.

La agricultura era el principal modo de vida de la mayor parte de los habitantes de las tierras de Castilla y su principal fuente de vida y alimentos. El pan era la base de la dieta alimenticia y en cada comida la ración consumida podía equivaler a media libra. Se estima en ocho fanegas de trigo lo que consumía una persona al año. Cada fanega podía producir cuarenta y dos piezas de pan de una libra y medía cada una (690 gramos), equivalente cada pieza a tres de nuestras actuales barras de pan. Esta era también la cantidad de pan que se estima consumía un hombre adulto al día. Se estima que un hogar medio necesitaba un pan de 1,5 kilos que tenía un precio de 2 reales.

El trigo era el ingrediente básico del pan, pero se mezclaba con salvado para producir piezas más baratas ya que el pan de trigo era un articulo de lujo. En el norte de Castilla el cereal básico es el maíz. El aceite era el otro recurso alimenticio básico. Pero no sólo para la alimentación pues también se necesitaba para la iluminación juntamente con la cera Se llegaban a consumir unas tres arrobas, unos 48 litros de este producto por familia. Con respecto al vino su consumo se sitúa en una medía de 66 litros al año por habitante adulto. El consumo de carne era muy reducido y se puede estimar en unos 300 gramos semanales por familia. La carne era un alimento reservado para las clases altas. Las clases populares solían consumir cabezas y menudos de oveja s y de cabras. Los campesinos también tenía que comprar en Castilla frutas y verduras, que eran recargadas por los venderos ambulantes con un tercio más de su valor. El pescado fresco era carísimo y se tenía que recurrir al consumo en forma de salazones. Otros productos alimenticios extendidos entre las clases populares eran el queso y las cebollas. La extensión de la plantación de olivos dio como resultado el aumento del consumo de aceitunas para acompañar al pan.

Para que el Catastro hubiera podido llegar a ejecutarse España necesitaba un cambio de mentalidad. Era imprescindible cambiar el concepto de honor y de prestigio ligado a la situación como miembro de las clases que no tenían que pagar impuestos, para ir conquistando la idea de que había que buscar la mejora de la situación personal no ha costa de las rentas y cargos de la Corona sino a través de la actividad económica. Este cambio de ideas se empezaba a notar entre las clases urbanas, aunque las actividades artesanales eran ocupaciones minoritarias y poco extendidas en el territorio español, excepto en algunas ciudades, y ello se debía, en parte, a la falta de una buena red de transportes y de un mercado nacional articulado y bien estructurado. En las zonas rurales existía un amplio abanico de actividades artesanales que suministraba a los campesinos productos de primera necesidad. En las ciudades la artesanía estaba sometida a la estructura gremial y organizada por las ordenanzas de los gremios. Junto con la actividad artesanal el comercio define la economía de la ciudad, pero la autosuficiencia de la economía rural pone limitaciones al desarrollo del comercio. Los mercados y las ferias locales son los elementos dinamizadores de la actividad comercial, aunque las comunicaciones son difíciles, lentas y costosas. Hay una red de caminos mal cuidados que unen ciertas ciudades y forman circuitos principales en torno a las ciudades de la meseta y los puertos. Estos caminos mantenían unas características y unas peculiaridades que no habían mejorado desde la edad media y que ya estaban reguladas y reglamentadas desde estos siglos por los fueros castellanos.

En España se mantenían aduanas entre los distintos reinos peninsulares, que eran los llamados puertos secos. Castilla los mantenía con Vizcaya, Navarra, Aragón y Valencia. Lo que ayuda a explicar la ausencia de un mercado nacional durante la edad moderna.

El mercado internacional estaba regulado por las grandes feria de Medina del Campo, verdadero centro financiero de la Corona, Medina de Rioseco y Villalón, donde se realizaban las transacciones entre mercaderes españoles y extranjeros. Este comercio estaba sometido al pago de los diezmos del mar. Con Europa el comercio estaba basado en la exportación de materias primas y productos de indias y en la importación de productos manufacturados. A las Indias se exportaban productos manufacturados y alimentos y se recibían productos coloniales y metales preciosos. El comercio con América estaba centralizado en Sevilla en la Casa de Contratación. La política de exportación de materias primas, sobre todo de la lana, contribuyó a frenar el desarrollo de las manufacturas textiles. La llegada del oro americano permitía disponer de unos ingresos que animaban a la compra de productos en el extranjero y todo ello impidió el desarrollo de una etapa industrial, a pesar de las grandes posibilidades que tuvo Castilla en el siglo XVI.

Hemos estado ocupándonos del mundo rural vamos a ver ahora como se vivía en las ciudades como centros económicos y sociales. Dentro de los reinos castellanos, los núcleos más densos de población se encontraban en las dos mesetas y en Andalucía, que a lo largo del siglo XVI aumenta constantemente su riqueza y su población. Aunque la mayoría de las ciudades no pasaba de los 5.000 habitantes.

Las ciudades conocen un desarrollo continuo en el siglo XVI y atraen a los individuos acomodados que se construyen casas y palacios. Entre 1530 y 1594 crecen Sevilla, Toledo, Jaén, Segovia, Baeza, Úbeda, Salamanca y Madrid. Sin embargo, decrecen Valladolid, Córdoba, Medina del Campo. Todas ellas tenían más de 20.000 habitantes. A finales de siglo Valencia tenía unos 60.000 habitantes, Barcelona unos 40.000, Zaragoza unos 25.000. Sevilla que tenía 50.000 habitantes en 1500 llegaba a los 100.000 ó 120.000 en 1580. Toledo contaba 60.000 hacía 1540, antes de entrar en una lenta decadencia y bajar hasta los 20.000 habitantes a mediados del siglo XVII. Valladolid tenía 45.000 en 1559, el incendio de 1561 la perjudicó de momento pero fue el traslado de la capital a Madrid lo que frenó su desarrollo. Ávila baja desde unos 12.000 habitantes hasta los 5.000 y Burgos se situaría en torno a los 4.000 habitantes al terminar el siglo XVII. A lo largo de este siglo el panorama empezará a modificarse y las ciudades pierden población. A finales del siglo a Madrid se le calculan unos 150.000 habitantes, Barcelona, Valencia y Granada podían tener unos 50.000 habitantes y para Cádiz su población se estima en 30.000 habitantes.

Durante el siglo XVII el panorama de las ciudades de la meseta era deprimente. Toledo bajo desde los 60.000 a los 20.000 habitantes, Burgos no superaba los 4.000 y Cuenca los 5.000 habitantes. Medina del Campo se había arruinado por la desaparición de sus Ferias, bajando de los 11.000 a menos de 4.000 habitantes. Segovia empieza su decadencia entre 1590 y 1630, para derrumbarse en 1640. Tanto en Cuenca como Segovia su caída se debe a la crisis de la industria lanera. Los pequeños puertos del norte, por el contrario, como Gijón, Santander y Bilbao, inician un lento ascenso que se acentúa a lo largo del siglo XVIII.

El estado general, llano o cuerpo no privilegiado era el 90% de la población, en el siglo XVII, en tanto que nobleza y clero, sólo suponían un 10% de la población española. De este 90% sólo una décima parte vivía en las ciudades, mientras que el resto estaba integrado por la población de lo núcleos rurales.

En el siglo XVIII la tendencia demográfica de las ciudades vuelve a recuperarse. Madrid superará los 150.000 habitantes, Barcelona, Sevilla, y Valencia llegaron a los 100.000, Granada consigue 50.000 habitantes y Cádiz llega a los 70.000 y Málaga y Zaragoza a los 50.000. Como se ve es la periferia la que se pone a la cabeza del despegue demográfico y la que arrastra el desarrollo económico , lo que será una constante durante los siguientes siglos.

La ciudad era la residencia de los grandes propietarios de la nobleza, de los caballeros y de los hidalgos, en general, de una clase dominante y absentista. La ciudad era, igualmente, el lugar donde residían los medianos y pequeños empleados de la administración. El número de estos empleados se estimó en el Catastro en torno a los 30.000 funcionarios civiles, cifra que aumenta desde los 5.000 estimados en el siglo XVI. A finales del siglo XVIII la administración civil y militar ocupaba a 110.000 empleados. Por lo que se refiere a los profesionales de las llamadas artes liberales, que tenían en las ciudades su medio de vida, el catastro calcula que podían existir unos 4.000 en todo el país. Tan escaso número es consecuencia de los escasos ingresos generados por estas actividades y de su poca consideración social. Para mejorar en la escala social el recurso de muchos de estos profesionales era, con los escasos ahorros generados, comprar tierras o invertir en actividades manufactureras y mercantiles. Las ciudades acogían a un 40% de los habitantes de Castilla a finales del siglos XVIII.

La ciudad era el escenario donde se movían comerciantes, artesanos de los gremios y las gentes sin oficio ni profesión determinada que vivían de trabajos ocasionales o de la caridad pública o privada. Por las ciudades también se movían distintos elementos de minorías étnicas, religiosas y económicas. Los datos del siglo XVII estiman que extranjeros, moriscos, judíos, gitanos, judeo-conversos, vagabundos y mendigos podían ser el 10% de la población. A estos grupos hay que añadir el de los esclavos, procedentes de América y de Portugal, el de berberiscos cautivos en las guerras del Mediterráneo y del norte de África y algunos esclavos, que se localizan en la tierras de la baja Andalucía, donde se concentraban el 50% de todos los existentes en España. Recordemos que hasta la Constitución de 1812 no se produce una prohibición expresa de la esclavitud.

Los extranjeros se ocupaban de los trabajos que no querían los españoles, como porteadores, aguadores, lacayos, también eran pequeños comerciantes, banqueros y arrendadores de impuestos. Se calcula la existencia de unos 100.000 extranjeros, la mayoría franceses, concentrados en las comarcas y provincias donde se ofrecían más oportunidades. Muchos de los elementos de la minoría de extranjeros eran genoveses o portugueses que tenían en arrendamiento el cobro de los impuestos.

Las ciudades se convertían en trampas mortales para muchos de sus habitantes que habían emigrado del campo y buscan en ellas su medio de vida, pero que en muchos casos no encontraban más recurso que la mendicidad. La ayuda a pobres, mendigos, vagabundos y desempleados era una obligación de los fieles y de la Iglesia. La limosna y “la sopa boba” se convertían en el recurso de supervivencia para muchos de los habitantes de las ciudades, que constituían una masa de marginados a los que encontramos como protagonistas de la literatura y del arte de nuestro Siglo de Oro. La población concentrada en las ciudades era una victima fácil de la peste, de las epidemias, de las enfermedades y del hambre. La malnutrición era endémica, porque el campo, aunque pobre en recursos, podía dar a sus habitantes medios de autoconsumo. El abastecimiento a las ciudades, en épocas de malas cosechas, llegaba tarde y la escasez de productos básicos era frecuente junto con la subida de los precios. En caso de epidemia las ciudades sufrían cuarentenas que impedían la entrada y la salida de personas y mercancías. La épocas de carestía y de escasez fueron constantes a lo largo del siglo XVII. Estas ciudades eran vistas desde el campo como concentraciones de poder. Sus funciones eran políticas, sociales, económicas y religiosas. Había ciudades de una importancia religiosa excepcional como eran las sedes de obispados y arzobispados. Así Santiago de Compostela vivía, casi exclusivamente, de las rentas religiosas. El Voto del Señor Santiago era una renta que se pagaba en todos los municipos de Castilla y su importe iba integró a la catedral.

Pero, por el contrario, las ciudades no eran centro de desarrollo industrial y de impulso económico, se limitaban a mover capitales y a buscar el enriquecimiento a partir del oro procedente de América. A lo largo del siglo XVI y del siglo XVII España perdió su oportunidad de crear una estructura económica basada en el desarrollo de los sectores secundario y terciario de la actividad económica, sobre todo durante una coyuntura tan favorable como la que se dio en el siglo XVI. Los artesanos solían vender directamente sus productos lo que impidió el desarrollo del comercio y del sector de los servicios. Además, la reglamentación municipal de los precios y la prohibición de venta al por menor, por los regatones, fuera de los lugares autorizados limitaba el desarrollo del comercio. Recordemos que regatonear era vender al por menor productos comprados al por mayor. El comercio de lujo y de productos importados se limitaba a las ciudades con mayor índice de población. Los asalariados no agrícolas representan sólo un 15% del total de asalariados recogidos en el Catastro. Sus ingresos alcanzaban el 31,5% de la cantidad global de la masa monetaria pagada en forma de salarios. A estos asalariados se le calculaban 180 días de trabajo al año.

Para que España saliera definitivamente de la crisis y fuera transformando sus estructuras socio-económicas, además del cambio en la hacienda, era necesario organizar y desarrollar una red de comunicaciones y transportes que articulara económica y social mente la geografía de España y que permitiera que el mundo rural se fuera abriendo y sumando a este cambio que el campo estaba muy lejos de alcanzar.

Esta articulación se intentó con la política reformista de los Borbones y para ello podemos considerar una de las primeras medidas en 1717 la eliminación de las aduanas entre Castilla y Aragón, que sin embargo no se pudieron eliminar con Andalucía hasta el año 1778.

Otro de los aspectos que había que reformar era la liberación del comercio, no solamente articulando el territorio español desde el punto de vista de las comunicaciones rompiendo el aislamiento entre los distintos territorios peninsulares, sino consiguiendo los libres intercambios de productos para ello desde 1765 se promulgaron las disposiciones sobre el comercio de los cereales impulsadas por el ministro Campomanes. La libertad para exportar granos estaba garantizada siempre que el mercado interior estuviese suficientemente abastecido y los precios por fanega en las transacciones anteriores no excedieran los mínimos que se fijaban. Los pósitos de cereales tenían, entre otras funciones, asegurar cantidades de trigo y darles salida en época de malas cosechas.

A lo largo del siglo XVIII los años de malas cosechas se seguirán repitiendo y el siglo se despide con escasez de cereales desde los años 1793 a 1796, escasez que se extiende por todo el occidente europeo, por ello los borbones tuvieron un interés continuo por conocer las cantidades obtenidas en las cosechas de granos. Para controlar la producción de trigo, el cereal más básico, desde 1751 la dirección de los positos se centraliza en el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, nombrado superintendente general de todos los positos del reino, esta dirección se mantiene hasta 1792, cuando pasa de nuevo el control al Consejo de Castilla lo que va suponer su decadencia. Los positos podían estar administrados por los municipios, por los párrocos, por juntas eclesiásticas y el Consejo de Castilla reglamentaba la dirección de muchos de ellos. La dirección centralizada para reglamentar los problemas comunes y para unificar el abastecimiento fue un logro del siglo XVIII. En 1729, el Consejo de Castilla, emite una orden para que los corregidores remitiesen las cifras de las cosechas obtenidas. En 1730, 1750, 1791 y 1792 se repiten estas peticiones, en especial por las malas cosechas de los años 1788 y 1789. Los datos se obtenían de los libros de las Tazmias de los Diezmos y siempre había que señalar la diferencia con las cosechas de años anteriores.

En 1791 se estimó una cosecha de cereales en torno a los 52 millones de fanegas entre trigo, cebada, centeno y avena. En 1797 los datos sitúan la cosecha en unos 43 millones de fanegas.

Impulsar el desarrollo del comercio necesitaba no solo medidas liberalizadoras y la existencia de una buena red de infraestructuras de comunicación, que se limitaban a caminos y sendas, sino que también había que eliminar una de las mayores dificultades para el desarrollo de las relaciones de intercambio entre los diferentes reinos de la Corona como eran las existencia de un sistema de pesos y medidas completamente anárquico. Era imprescindible unificar el sistema de pesos y medidas en todas las tierras de la Corona y la circulación de una moneda única con un valor de referencia igual en todos los territorios. Durante el siglo XVII habían coexistidos precios expresados en plata, que eran estables, y otros en vellón sometidos a continuas oscilaciones dependientes de las inflaciones y deflaciones de esta moneda. La única moneda de valor común durante el reinado de los Reyes Católicos había sido la acuñación en oro del Excellent valenciano, el Principat catalán y el Excelente castellano, acuñado en Granada. Las tres monedas eran imitación del ducado veneciano.

Sacar a España de la crisis del siglo XVII no sólo necesitaba medidas reformistas políticas, sociales y económicas, sino también un cambio profundo en las mentalidades y en la preparación educativa, técnica y científica de los españoles En primer lugar había que acabar con la desconsideración de las artes mecánicas y del trabajo temporal Había profesiones consideradas viles, que estaban descalificadas socialmente, y solían ejercer extranjeros envileciendo a quienes las ejercían. A los que trabajaban en el desempeño de estos oficios no se les permitía agremiarse, en estos casos estaban comediantes, carniceros, mesoneros, taberneros, caldereros, amoladores, peltreros pregoneros. Muchos herreros, esquiladores, carniceros y mesoneros eran gitanos. El desprestigio social de los oficios mecánicos, actitud contra la que lucharían constantemente los políticos reformistas, llevó a la promulgación de una real cédula de 1783 que intentaba terminar con esta opinión. Aunque fueron muchos los esfuerzos de los políticos reformistas no se consiguió terminar con el hecho de que muchos españoles preferían pedir limosna a desempeñar estos oficios. Aún podríamos añadir oficios como aguadores, costaleros, mozos de panaderos, de caballos, silleros, bodegueros, venteros, zapateros de viejo, como vemos la lista abarca multitud de ocupaciones artesanales y algunas de elaboración de productos de consumo habitual.

Campomanes en sus obras Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774) y en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775) insiste en la idea de que los hijos debían seguir los oficios de los padres y romper con la idea de que “los hijos tenían que ser o parecer nobles” y conseguir que se considerara que el trabajo tenía una función en la sociedad El retraso técnico y científico obligó a los Borbones a traer técnicos y científicos extranjeros o mandar a los españoles a estudiar en el extranjero. Prácticamente, todos los científicos destacados del siglo XVIII estudiaron o completaron su formación en el extranjero. Tendremos que esperar al siglo XIX para conseguir que estas reformas elementales que inician los Borbones del siglo XVIII y otras que afectaban a distintos aspectos de la vida de la nación consigan poder poner en marcha un proceso modernizador de las estructuras políticas, sociales, productivas y de mentalidad.

A pesar del anticlericalismo de los políticos ilustrados muchos consideraban al clero y en especial a los párrocos como agente de educación para el pueblo y como motor dinamizador de la economía agraria e industrial, sin olvidar que sobre los elementos religiosos recaían mayoritariamente las atenciones de educación, sanidad, beneficiencia, que estaban a cargo de la Iglesia, de los municipios y de entidades particulares. El presupuesto del Estado en vez de servir, como ahora, a los intereses generales, servía en sus tres cuartas partes para cubrir los intereses de la Deuda y las necesidades de la Corte y de la política internacional y en escasas ocasiones iba destinada a atender las necesidades de la población.

Para completar la actividad reformista de los Borbones y la situación política y administrativa que hizo posible el inicio de la transformación social y económica vamos a recoger las innovaciones que supusieron los decretos de Nueva Planta de Felipe V de comienzos del siglos XVIII. Mediante estos decretos todos los habitantes de la nación se convirtieron en súbditos y se acababa con la potestad de los señores sobre los vasallos. La estructura político-constitucional del Estado español se unifica. Se suprimen las Cortes de Aragón, Cataluña, y Valencia y se producen convocatorias de Cortes únicas y comunes para toda España, salvo Navarra, cuyas Cortes subsistieron y se celebraron separadamente. La administración central tiene nuevos organismos y así se crearon las Secretarias de Estado y del despacho. Los ministros o secretarios que estuvieron al frente de las distintas secretarias eran elegidos y depuestos por el rey entre personas de su confianza. La creación de las Secretarias supondría el inicio de la desaparición de los Consejos, los órganos de gobierno con la dinastía de los Austrias y que desde los Reyes Católicos fueron el eje de las organización del poder. Los Consejos de Castilla, Hacienda, Guerra, Estado, Indias, Inquisición perdieron mucha de su importancia. La administración municipal se centro en el cabildo, integrado por los alcaldes, regidores o concejales, oficiales y jurados, sometidos a la supervisión real a través de los corregidores. La administración provincial recaía en los intendentes, figura de la que ya nos hemos ocupado.

El municipio se convirtió en un órgano del poder central del estado y las reformas administrativas tenían como finalidad una mayor intervención del gobierno en las haciendas locales. Desde 1751, los municipios tenían la obligación de remitir sus cuentas anualmente a la cámara de Castilla. Carlos III dispuso en 1760 que el Consejo de Castilla tendría el conocimiento y la dirección de los bienes propios y arbitrios de los pueblos, mediante la contaduría general de propios y arbitrios creada con esta finalidad.

El gran interés de los Borbones fue acrecentar la riqueza nacional, y para ello sus reformas y campos de actuación se extendieron no sólo a la hacienda o a la actividad económica, sino también a conseguir mejorar las condiciones de vida de la población y a incrementar la formación de las clases populares en oficios para alcanzar una industria nueva rompiendo la primacía de los gremios y permitiendo la introducción de nuevas formas de trabajar y de producir. El ejercito y la marina en plena crisis después del siglo XVII también fueron saneados. El crecimiento de la población y unas coyunturas favorables, unido al trabajo y al esfuerzo de los gobernantes hicieron posible que el siglo XVIII rompieran unos años de decadencia y de crisis.