domingo, 28 de febrero de 2021

Incautación de los bienes religiosos desamortizados. Monasterio Bernardo de Nuestra Señora de Monte Sión. Toledo

Ángela Franco. Doña Catalina Núñez, segunda esposa de Alonso Álvarez de Toledo, fundadora del desaparecido Monasterio de Santa Clara, en Madrid. Avatares históricos y consideraciones artísticas», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LVII (2017), págs. 327-375

Varios organismos intervinieron en la incautación de los bienes religiosos desamortizados.

El Ministerio de Hacienda, a través de los intendentes, comisionados y contadores de arbitrios, se haría cargo de los bienes destinados a la amortización de la deuda, en tanto el Ministerio de la Gobernación, por medio de las comisiones civiles por el designadas, le corresponderían los objetos relacionados con las ciencias y las artes: bibliotecas, pinturas, esculturas, etc. Por su parte, los obispos se harían cargo de los objetos litúrgicos, vasos sagrados y ornamentos. 

Intervinieron asimismo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que desempeñó un destacado papel en la salvaguarda del patrimonio cultural, y en menor medida, la Academia de la Historia y Sociedades Económicas . Los bienes muebles de monasterios y conventos se catalogaron en cuatro grupos diferentes según el destino determinado por las medidas legales: 1º. Los destinados a la venta: víveres, frutos, caldos, muebles de uso de la comunidad, aperos de labranza, adornos, ganados, utensilios de cocina, etc. 2º. Los bienes culturales artísticos y literarios constituidos por las pinturas, esculturas y bibliotecas de los conventos, adjudicados a los museos y bibliotecas públicas. 3º. Los objetos de culto y ornamentos sagrados que deberían ser entregados a las parroquias e iglesias abiertas. 4º. Los muebles de uso personal de los religiosos que, considerados como bienes particulares, podían entregárseles en el momento de su exclaustración .

Entre las actividades desarrolladas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando figuró la creación de algunas comisiones en un escaso número de provincias, que funcionaron como asesoras de las comisiones civiles, aunque en Madrid, Toledo y Ávila fueron las que confeccionaron los inventarios. La formación de los inventarios no se verificó simultáneamente en todos ellos y tampoco concurrieron oportunamente los delegados de las autoridades civil y eclesiástica. 

A finales de octubre se habían realizado los inventarios de diecisiete conventos de Toledo y su partido. 

En algunos, como la Sisla y Monte Sión, emplazados extramuros de la ciudad, cuando se fue a tomar posesión de ellos, no se hallaron existencias de frutos en los almacenes ni objetos muebles; se habían vendido las caballerías, aperos de labranza, ganado lanar, etc. Eran considerados entre los más ricos, con gran número de tierras y elevadas rentas. El convento de los bernardos tenía propiedades en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara. La extensión de sus fincas se evaluó en unas 3.600 hectáreas y la renta en unos 50.000 reales anuales30. Según afirmaciones del comisionado aparecieron completamente desmantelados: “En el espacio de 15 días los frutos, granos y existencias han desaparecido. No queda más que el edificio y tierras incultas porque las labranzas las tienen arrendadas y tomado dinero por adelantado como aparece en los contratos celebrados. Han arrendado los pastos con fecha 1º de septiembre exigiendo a los arrendadores la mitad del importe a la firma del contrato por lo que sólo se podrá obtener la ganancia del valor de unos miserables muebles que los más infelices vecinos no quieren” . 

Ante las irregularidades e ignorancia de muchos empleados del gobierno para controlar la enajenación de los bienes artísticos de los conventos, la Academia de San Fernando adquiere protagonismo para solucionar la caótica situación. La mayoría de los organismos culturales, la prensa y el propio Gobierno coincidían en afirmar que la riqueza cultural de los monasterios y conventos era considerable. Revista Española se refería en 1835 a que las riquezas en escultura, pintura y manuscritos eran numerosas y muy apreciadas por los extranjeros que acudían no sólo a estudiarlas y copiarlas, sino también a sustraerlas para exportarlas a sus países. Sin embargo, más que la calidad de muchas obras, era la cantidad la que imperaba, aunque, por diversas razones, algunos de los objetos más valiosos no llegaron a manos del Estado. No hay que olvidar las ventas clandestinas de obras a comisiones extranjeras así como a particulares y la entrega de otras a las iglesias que permanecieron abiertas. 

El Ministerio del Interior a instancias de la Academia, ordenó la creación de comisiones artísticas dependientes de ella, con la finalidad de que recorriesen las provincias y averiguase la riqueza artística que había sido transferida al Estado. No llegaron a funcionar en todas las provincias; solamente pudieron recorrer algunas: Madrid, Burgos, Toledo, Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora y Palencia. 

La Academia organizó comisiones para desplazarse a las provincias e inventariar los bienes artísticos para su futura recogida. La primera de dichas comisiones fue la presidida por el pintor de Cámara Juan Gálvez, cuya actuación se desarrolló en Madrid, Alcalá y Toledo, y contó con la colaboración de otras de tipo eventual asociadas temporalmente a ella. La comisión en la que trabajó también su hijo Miguel Gálvez, invirtió 397 días, más de un año, en inventariar y recoger los objetos artísticos de los conventos de Madrid, Alcalá y Toledo. En Madrid permaneció 192 días, en Alcalá 47, en El Paular 50; el resto del tiempo lo ocupó en el traslado de los mismos a la Academia y en la formación de un inventario general. 

Al iniciar sus trabajos en los conventos de Madrid, las comisiones civiles, encargadas de incautarse de los efectos culturales y artísticos, ya se habían hecho cargo de los de varios conventos, aunque posteriormente también fueron trasladados a la Academia. La primera operación realizada por Gálvez fue efectuar un reconocimiento general de los objetos con el fin de asegurarlos en la medida de lo posible y contribuir a preservarlos. Objetos valiosísimos desaparecieron, como el altar de oro y marfil regalado por la Reina Isabel la Católica a la fundadora del convento de Santa Clara, donde se contabilizó un cuadro de buena calidad entre los cuadros procedentes de conventos madrileños, según comunicación de Juan Gálvez. A continuación procedieron a la formación de inventarios, ya que los confeccionados por los comisionados civiles resultaban inservibles, por ser incompletos y deficientes. Tampoco existía una normativa sobre la pertenencia o no al Estado de objetos que se decían ser de patronato o de hermandades. Por otra parte el Gobierno no había adoptado fórmulas en cuanto a iglesias de conventos que iban a quedar abiertas al culto, y muchas de las capillas guardaban obras importantes, pero se desconocía el paradero de las llaves y no se les permitía levantar las cerraduras. También se les planteó un problema con los retablos de las iglesias contenían mármoles y dorados. La Academia los consideraba obras de arte y susceptibles por tanto de incautación. Esta opinión contrastaba con la de los comisionados de amortización para quienes el dorado y los mármoles correspondían a la amortización y no a las Bellas Artes. Por lo que respecta a bienes artísticos a caballo entre los muebles y los inmuebles, como los frisos, sepulcros, balaustradas y estatuas incrustadas en los muros, eran también reclamados frecuentemente, por los compradores de los edificios por entender que formaban parte del mismo.

A todo lo indicado se unía la falta de medios para coronar con éxito la desamortización de las obras de arte. Para paliar la situación, se arbitró la concesión de 6.000 reales en marzo de 1836, pero resultaron totalmente insuficiente, por lo que hubo se elevarse el presupuesto a 30.000 reales. Los comisionados de la Academia hicieron inventarios de 37 conventos de la Corte, poco más explícitos que los realizados por los comisionados de amortización, pero más efectivos. En los cuadros se indicaba el tema o título, dimensiones y lugar de procedencia, y rara vez el autor, si bien se trataba de una clasificación provisional, pues más tarde se trasladarían a la Academia para ser sometidos a una clasificación más científica por una comisión compuesta por los directores de pintura, escultura, arquitectura y grabado. De entre los cuadros de los 33 conventos de Madrid, clasificados como de primera, segunda y tercera, solamente uno del convento de Santa Clara, fue catalogado en el primer grupo34.

Juan Gálvez también fue comisionado para la catalogación y obtención de objetos artísticos en los conventos de Toledo. En esta provincia había 68 conventos suprimidos, 41 de religiosos y 27 de religiosas, lo que supondría a juicio del comisionado el hallazgo de importantes obras, pero la realidad fue otra bien distinta. Se unió además el agravante de también se personaron en Toledo clandestinos extranjeros con ánimo de apropiarse las obras más relevantes, como los celebres cuadros guardados en la iglesia del Tránsito.

El barón Taylor, de origen inglés y nacionalizado francés, y el pintor Dauzats fueron enviados por el rey de Francia Luis Felipe. Curiosamente ambos eran amigos de Madrazo y el segundo además de Valentín Carderera, que fue nombrado comisionado de Burgos. Cuando Juan Gálvez llegó a Toledo los comisionados antedichos, con importantes sumas de dinero, se les habían adelantado a visitar conventos de religiosas y adquirir cuadros valiosos. El comisionado de la Academia de San Fernando realizó inventarios de pinturas y esculturas, que fueron traídas a Madrid, de 19 conventos toledanos, el más rico de los cuales fue San Pedro Mártir, de donde se incautaron 318 pinturas y 59 esculturas, y traídos a Madrid.

De San Bernardo, fueron incautados 33 cuadros y una escultura y cuatro traídos a Madrid. Julio Porres consigna muy pocos objetos litúrgicos: retablos y mesas de altar, sillería de coro, cajonería en la sacristía, 2 estatuas de piedra con la Virgen y San Bernardo, un escudo de armas de piedra, de todo lo cual se ignora el paradero. Según él, se ignora si fueron recogidos por la Comisión de Monumentos. El Gobierno Civil de Toledo pidió la devolución, en 1844, de las obras trasladadas a Madrid, porque no disponía de nada apreciable para formar el museo: “Aunque es grande el número de pinturas recogidas no hay originales ni piezas de mérito de que poder formar el museo pues si esta capital debía poseerlas por muchos títulos fue despojada de esa riqueza, ya por el pintor de Cámara Juan Gálvez que trasladó a Madrid una colección de pinturas escogida y respetable en 1836 y además se cree que hubo substracciones de dichos efectos en diferentes ocasiones”. Los que no se trajeron a Madrid fueron depositados en el convento de San Pedro Mártir.

Una fuente documental importante es la aportada por Esteban de Garibay, ya que efectúa la descripción hacia 1509. El manuscrito se conserva en la Real Academia de la Historia.

 

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